Escrito por:  Redacción Economía
Jul 8, 2025 - 12:20 pm

Un nuevo proyecto de ley en Colombia podría poner freno a uno de los negocios más populares entre residentes de conjuntos residenciales en el país y que tiene movimiento durante casi todo el año: el alquiler turístico a través de plataformas como Airbnb y Booking.

(Vea también: Esto es lo máximo que un colombiano debe pagar si vive en arriendo: lo exige la ley)

Según informó Blu Radio, la iniciativa legislativa establecería que quienes quieran rentar su propiedad con fines turísticos deberán contar con la aprobación expresa de los demás copropietarios y otra serie de requisitos impuestos por las propiedades horizontales.

La propuesta está contenida en el proyecto de Ley 632 de 2025, impulsado por varios representantes a la Cámara, entre ellos Julio Roberto Salazar, Juan Daniel Peñuela y Ciro Rodríguez. De acuerdo con el medio citado, ese busca modificar de manera estructural la Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal en el país.

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Entre los cambios clave se encuentra la creación del Registro Único Nacional de Copropiedades y de Administradores, una medida que busca identificar con claridad a quienes tienen a cargo la gestión de edificios residenciales, comerciales o industriales. También se plantea que la vigilancia y control de estas propiedades pase a la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que, según los autores del proyecto, las alcaldías no cuentan con capacidad técnica ni independencia suficiente para esa tarea.

Uno de los puntos que más polémica ha causado dentro de esa iniciativa es la regulación del alquiler por plataformas digitales. El texto exige que cualquier propietario interesado en rentar su vivienda de forma turística tenga la autorización de la asamblea de copropietarios. Además, sería necesario modificar el reglamento interno del conjunto para habilitar ese tipo de uso.

Ese proyecto menciona que los arrendadores deberán cumplir con todos los requisitos que establece la Ley General de Turismo, incluyendo el registro nacional de prestadores de servicios turísticos, el cumplimiento de normas de seguridad y la declaración de ingresos ante la Dian.

Además de los trámites, la medida apunta a proteger a los residentes permanentes de problemas asociados al arriendo turístico sin control. Entre las principales preocupaciones de las juntas administradoras se encuentran están el ruido, el uso excesivo de zonas comunes y la inseguridad por el ingreso constante de personas ajenas a la comunidad.

El proyecto también advierte sobre delitos que se han facilitado por el uso descontrolado de esas plataformas digitales usadas por locales y extranjeros, como el microtráfico, prostitución y explotación infantil, lo que ha motivado la creación de reglas estrictas al respecto.

Por último, quienes insistan en seguir con este tipo de negocio deberán operar bajo plataformas oficiales y estar al día con sus obligaciones tributarias. Según indica la iniciativa, esto implicaría el pago de impuestos como el IVA, lo que podría representar una carga financiera adicional para muchos propietarios.

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