Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día.
El Congreso de la República recibió este lunes la radicación del proyecto de ley de competencias, una pieza legislativa crucial derivada del Acto Legislativo 03 de 2024. Esta iniciativa representa un paso fundamental hacia el fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia, ya que establece el marco normativo que permitirá redefinir la relación entre los diferentes niveles de gobierno: Nación, departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas. El proyecto apunta a hacer vigente y desarrollar el acto legislativo al incrementar de forma progresiva los fondos del Sistema General de Participaciones (SGP), además de esbozar un esquema de redistribución de competencias y recursos conforme al nuevo orden constitucional.
La formulación de esta propuesta legislativa fue el fruto de un sólido esfuerzo técnico que arrancó en enero de 2025. A la cabeza del proceso estuvo una mesa interinstitucional en la que participaron el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Educación, Salud y Vivienda, junto con expertos de la Misión de Descentralización y órganos especializados como la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Según la información oficial, este equipo celebró más de 150 reuniones, consolidando así el articulado del proyecto.
En busca de legitimidad y representatividad, la elaboración del proyecto no se limitó a espacios gubernamentales. Se incluyó un proceso de consulta previa con pueblos y comunidades indígenas, así como un diálogo social con actores del ámbito territorial. En total, se llevaron a cabo más de 30 reuniones con organizaciones como la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Nacional de Municipios, la Asociación de Ciudades Capitales y la Asociación de Ciudades Intermedias, sumadas a las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), Fecode, la Defensoría del Pueblo, expertos internacionales vinculados por Naciones Unidas y la academia. Estos encuentros, organizados por la Universidad Nacional y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), permitieron introducir ajustes significativos al texto.
El núcleo de la propuesta gubernamental reside en redefinir la distribución de recursos del SGP y precisar las competencias asignadas a cada nivel del Estado en sectores priorizados. Además, se fijan principios rectores de la descentralización y se crea la estructura institucional encargada de gestionar todo el proceso. Notablemente, el proyecto contempla una clasificación diferenciada de entidades territoriales basada en sus capacidades y particularidades, encaminando así a Colombia hacia un modelo de descentralización asimétrica que reconozca las especificidades y vocaciones de cada territorio.
Con la radicación ante el Congreso inicia el trámite legislativo, en el cual los congresistas podrán analizar, modificar y decidir sobre la aprobación del texto. Será el Gobierno el encargado de otorgar el aval fiscal a las disposiciones finales. Cabe resaltar que la discusión y aprobación de la ley de competencias representa un requisito indispensable para la implementación efectiva del Acto Legislativo 03 de 2024. Si la ley llega a sancionarse en 2026, la transición al nuevo marco constitucional se efectuaría a partir de 2027, redefiniendo el rumbo de la descentralización y autonomía territorial en el país.
¿Cuáles son los sectores priorizados en la distribución de competencias y recursos?
Esta pregunta surge debido a que el proyecto de ley centra la redistribución de competencias y recursos en sectores considerados clave para el desarrollo territorial. Aunque el texto presentado ante el Congreso hace referencia a la priorización, resulta esencial para los actores políticos y la ciudadanía saber qué áreas serán objeto de mayores cambios y recursos bajo el nuevo marco constitucional. La respuesta a esto permitirá comprender en qué ámbitos se enfocarán los esfuerzos de descentralización, cuáles podrían experimentar mejoras en capacidades o cobertura y cómo se estructurará la asignación de responsabilidades en materia de salud, educación, vivienda, agua potable, entre otros sectores presentes en la discusión.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
