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El presidente del Grupo Keralty, Joseba Grajales, interpuso una tutela el pasado 18 de julio, alegando la vulneración de varios de sus derechos fundamentales, entre ellos, el derecho al buen nombre, la honra y la igualdad, tras las fuertes declaraciones del presidente Gustavo Petro durante su alocución del 15 de julio, en la que lo calificó de “criminal”.
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Durante su intervención televisada, el presidente Petro no solo calificó a Grajales de “criminal”, sino que también lo acusó de haber financiado campañas políticas y de cometer presuntas irregularidades que habrían afectado el financiamiento del sistema de salud colombiano. Estas afirmaciones fueron consideradas por Grajales como una vulneración directa a sus derechos fundamentales.
En respuesta, el presidente del Grupo Keralty interpuso una acción de tutela el 18 de julio, alegando la vulneración de varios de sus derechos, entre ellos el buen nombre, la honra, la igualdad, la presunción de inocencia y la libertad de circulación. La tutela fue formalmente radicada el 21 de julio.
El proceso culminó con un fallo judicial a favor de Joseba Grajales. El juez decidió amparar sus derechos a la honra, al buen nombre, a la presunción de inocencia y a la libertad de circulación, al considerar que las expresiones del presidente Petro excedieron los límites del discurso político legítimo.
Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente en su próxima alocución presidencial. Deberá corregir de manera explícita las expresiones utilizadas, especialmente las palabras “crimen”, “criminal” y “debe irse”, por considerarse violatorias de derechos fundamentales.
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Ahora, tras el fallo judicial, todas las miradas están puestas en la próxima alocución presidencial, en la que el presidente Gustavo Petro deberá cumplir con la orden de retractarse públicamente.
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