El Gobierno sostiene que la concesión vence en 2027, mientras que Plural Comunicaciones, actual concesionario, argumenta que la Ley 1978 de 2019 amplió la vigencia hasta 2037.
Ramiro Avendaño, presidente del Canal Uno, enfatizó que la normativa es clara y que incluso en el escenario de vencimiento en 2027, existe derecho a prórroga por parte de los actuales dueños.
(Vea también: Petro ruega a los medios que no lo metan en líos por residencia de Ramón González en Nicaragua).
“La ley 1978 de la República establece que la concesión va hasta el año 2037. El peligro aquí es el sofisma distractivo de hasta cuándo va, más qué están queriendo hacer”, dijo Avendaño en Blu Radio.
Expertos en telecomunicaciones advierten que el Ministerio de las TIC no puede revocar unilateralmente un contrato, ya que cualquier decisión requiere un proceso administrativo con garantías de defensa.
Petro, por su parte, ha justificado la medida bajo el argumento de orientar el canal hacia contenidos juveniles y culturales, función que analistas consideran ya cumple Señal Colombia. Para críticos, este discurso es un pretexto para intervenir en los medios privados.
Avendaño señaló que la disputa refleja la tensión del Gobierno con la prensa, acusando que el Canal Uno es el medio más vulnerable frente a los ataques presidenciales.
Además, denunció que detrás de esta iniciativa habría intereses de Programar Televisión, que históricamente ha buscado acceder al canal. El caso abre un debate sobre libertad de prensa, legalidad contractual y posibles riesgos políticos.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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