El presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de las TIC, Julián Molina, abrir un proceso de licitación para el Canal Uno. Esto, a pesar de que su concesión con Plural Comunicaciones está vigente hasta 2037 (Petro, sin fundamento alguno, dice que es hasta 2027).
Según Petro, el canal debe convertirse en un espacio para “las juventudes, el arte y la cultura”, alejándose de lo que él llama la “influencia de grandes grupos económicos”.
(Vea también: Petro definió el futuro de reconocido canal de televisión en Colombia: cambiaría de dueño).
La decisión se da en medio de tensiones entre el Gobierno y la concesionaria, que enfrenta investigaciones del MinTIC por presuntas irregularidades en su composición accionaria no reportada oportunamente.
No obstante, Plural Comunicaciones y la Superintendencia de Sociedades sostienen que no hubo incumplimientos y que la operación es legal.
El presidente del Canal Uno, Ramiro Avendaño, denunció que esta medida carece de sustento jurídico, la calificó como una “expropiación” y advirtió que atenta contra la libertad de prensa, señala El Tiempo.
Recordó que la concesión fue adjudicada en 2016 (a 20 años) por 117.000 millones de pesos y que el canal actualmente llega a más de 13 millones de colombianos al mes, detalla ese diario.
Periodistas, empresarios y gremios como Fenalco también rechazaron la orden presidencial, calificándola como un ataque a la democracia, la empresa privada y la libertad de expresión, pues consideran que busca debilitar a un medio independiente y plural.
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