El enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y las directivas del Canal 1 tiene un nuevo episodio. Según indica lo revelado por el periodista Juan Diego Alvira en La W, el Gobierno iría muy en serio con las amenazas de someter el canal a una licitación pública y un reciente contrato sería la prueba definitiva.
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Según el reconocido periodista, el Ministerio de las TIC contrató por 40 millones de pesos al abogado Jaime Enrique Rodríguez Navas, expresidente del Consejo de Estado, para que un mes entregue un concepto fundamental en esta pelea. De esta manera, el jurista emitirá su opinión sobre la viabilidad declarar la caducidad del contrato de concesión del Canal 1 vigente desde 2017 y ya prorrogado según los términos legales.
De acuerdo con Alvira, el Gobierno busca “romper el contrato con Plural Comunicaciones (actuales administradores) y darle control directo al Gobierno sobre el canal”.
Como lo había mencionado previamente en intervenciones públicas, el presidente Petro tiene la firme intención de entregarle el espectro a “cooperativas de periodistas”, con la intención de que el medio no quede a disposición de conglomerados extranjeros, dada la reciente alianza de Canal 1 con el Grupo Prisa.
Juan Diego Alvira expresó, además, que algunos pesos pesados de las comunicaciones en el Gobierno, como es el caso de Hollman Morris, estarían “moviendo las fichas para que el Canal 1 pase a control del Gobierno”.
Justamente, desde esa misma orilla provienen las preocupaciones que se han gestado desde los medios de comunicación, dado el manejo que se ha dado en la actual administración a los medios públicos, los cuales, en la óptica de algunos periodistas, han pasado de ser medios del “estatales” a medios “gobiernistas”.
¿Qué dicen desde las directivas del Canal 1?
Ramiro Avendaño, el presidente del Canal 1 habló en la misma emisora y se mostró sorprendido por la movida del Gobierno Nacional, asegurando que el pago del contrato (117.000 millones de pesos) se llevó a cabo en los seis primeros meses de la concesión, en 2017.
“A nosotros nos parece muy exótico eso, nos enteramos en la madrugada de la contratación de un abogado para encontrar cómo caducar la concesión […]. Nosotros presentamos una solicitud de integración con Caracol Radio para comercialización de espacios y pautas. Nuestros abogados nos dijeron que no requería notificación. Por eso, nos extraña en que esto se convirtiera en una persecución de Estado”, expresó Avendaño.
Días antes, en una entrevista con El Tiempo, el directivo se había referido a las declaraciones del presidente sobre la posibilidad de licitar el contrato del canal, asegurando que el mismo se encuentra vigente hasta 2037.
“Estamos a la espera de que el Gobierno nos explique un poco qué es lo que están imaginando y cuál es su plan. Sin embargo, creo que no será necesario, ya que el canal no puede ser intervenido; no existe una vía administrativa para hacerlo”, señaló.
“Lo que el Gobierno podría hacer es plantear una negociación si considera que el canal es un activo estratégico para algún propósito en particular y, a partir de ahí, iniciar un diálogo en la dirección que corresponda. Pero, por ahora, es demasiado pronto para hablar de eso”, explicó Avendaño al diario.
Así las cosas, mientras muchas cosas parecen estarse moviendo bajo cuerda, las suspicacias continúan en cuanto al futuro del Canal 1, el de mayor cobertura en el país, llegando desde La Guajira hasta Leticia, una vitrina que, sin duda, resulta preocupantemente jugosa en tiempos preelectorales.
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