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La trágica muerte de una niña de siete años en el sector Los Guandules, Santo Domingo, el pasado 16 de agosto de 2025, ha provocado una ola de indignación y dolor en la sociedad dominicana. De acuerdo con el informe forense citado por el Ministerio Público, la menor presentó quemaduras, laceraciones múltiples y signos evidentes de maltrato reiterado durante los meses de julio y agosto. Por estos hechos, las autoridades imputaron cargos de homicidio, tortura, barbarie y maltrato infantil a Yokeiry Coronado de la Cruz, acusada de perpetrar la violencia, y a Jeider Montero Medina, señalado por omisión y por haber permitido la continuidad del abuso sin denunciarlo, según información comunicada oficialmente por el Ministerio Público de República Dominicana.
El caso no solo pone de manifiesto la crudeza de la violencia involucrada, sino que también revela profundas grietas en el sistema de protección infantil de República Dominicana. Informes de organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), advierten que uno de cada cinco niños dominicanos, entre uno y catorce años, es objeto de algún tipo de violencia en sus hogares bajo la justificación de disciplina. Esta alarmante estadística fue subrayada en el informe UNICEF 2023 y resalta la gravedad de un problema que afecta a miles de menores en el país.
La resonancia social de este hecho encuentra antecedentes recientes, como el cruento caso registrado en enero de 2024 en La Altagracia, donde un niño de ocho años murió torturado a manos de su tía, quien recibió una condena de 30 años de prisión según reportó el diario El Caribe. Casos así han intensificado la presión pública para que las instituciones refuercen la vigilancia, la intervención oportuna y las políticas de resguardo de los niños más vulnerables, especialmente en sectores populares.
Las dificultades de fondo, con base en informes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y del propio Ministerio Público, pasan por la insuficiencia de recursos y la limitada accesibilidad de los sistemas de denuncia. Muchos menores en riesgo permanecen desprotegidos debido a la ausencia de redes de apoyo efectivas o a la falta de sensibilidad frente a los primeros signos de violencia. Esta realidad es agravada por contextos de pobreza y exclusión social, como se observa en Los Guandules y otros barrios de Santo Domingo, donde confluyen factores como el estrés económico, la violencia intrafamiliar y la falta de soporte comunitario.
Expertos en psicología y trabajo social, como aquellos consultados en la “Revista de Psicología Social y Comunitaria” (2023), subrayan que la violencia severa contra niños requiere abordajes multidisciplinarios y mecanismos de intervención temprana. La importancia de estos procesos se amplifica en espacios donde los menores enfrentan tortura y maltrato físico extremo, pues las heridas emocionales y físicas pueden extenderse a lo largo de toda la vida.
A nivel judicial, la Fiscalía de Santo Domingo ha solicitado prisión preventiva para los imputados y fundamenta su acusación en pruebas forenses, testimonios de familiares y la intervención policial. Este proceso legal se sigue con atención, pues podría sentar jurisprudencia y fortalecer las herramientas disuasivas contra futuros agresores. A la par, el caso resalta el rol fundamental del periodismo de investigación, que, según expertos como María Teresa Ronderos, tiene la responsabilidad de visibilizar y contextualizar estos hechos, acudiendo a fuentes verificadas y evitando caer en el sensacionalismo.
Finalmente, la muerte de esta menor debe ser vista como un síntoma punzante de un problema estructural que exige respuestas integrales desde el Estado, la sociedad civil y la educación en derechos humanos. Solo cuando las políticas públicas, la prevención y la justicia actúen de forma coordinada —y con una profunda sensibilidad social— podrá aspirarse a revertir la trágica normalización de la violencia contra la infancia.
¿Cuáles son las principales dificultades para denunciar el maltrato infantil en República Dominicana?
El proceso de denuncia suele enfrentar obstáculos como la falta de confianza en las autoridades, el miedo a represalias por parte de los agresores y la escasez de canales de denuncia accesibles, especialmente en comunidades vulnerables. Según informes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), muchas familias desconocen los procedimientos o temen involucrar a la justicia, lo que perpetúa el círculo del silencio.
Esta problemática subraya la necesidad de campañas educativas, formación a funcionarios y la implementación de mecanismos confidenciales y expeditos para la recepción y el tratamiento de denuncias. Fortalecer este sistema es clave para que más niños puedan ser protegidos, y para que los agresores no se beneficien de la impunidad que otorga la invisibilidad de estos crímenes.
¿Qué significa “maltrato infantil” y cómo se diferencia de la disciplina?
El término “maltrato infantil” abarca toda acción, omisión o trato negligente que cause daño físico, emocional o psicológico a un menor, incluyendo el abuso físico, emocional, sexual, la negligencia y la explotación. A diferencia de prácticas disciplinarias adecuadas, el maltrato implica un ejercicio abusivo del poder de los adultos sobre los niños y tiene consecuencias negativas a corto y largo plazo para su salud y desarrollo.
Organismos como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud advierten que golpes, gritos o humillaciones bajo pretexto de disciplina son formas de maltrato, no de corrección. La promoción de crianzas respetuosas y el acceso a educación en derechos humanos resultan fundamentales para erradicar la normalización de la violencia en la crianza.
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