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El secuestro de Daniela Hernández Montoya, una destacada médica del norte del Valle del Cauca, ocurrido el 14 de agosto en Sevilla, resalta la compleja y persistente problemática de seguridad en esta región colombiana. De acuerdo con la información original y fuentes oficiales citadas, la profesional fue abordada por sujetos armados mientras se transportaba en su vehículo familiar, siendo forzada a cambiar de automóvil y dejándose atrás a sus hijos menores, quienes fueron rescatados poco después por vecinos del sector. Este suceso ha generado alarma no solo entre la comunidad local, sino también en todo el gremio médico, quienes ya sufren condiciones adversas en zonas donde la institucionalidad es precaria y la violencia es una amenaza cotidiana, tal como señalan datos y análisis recogidos por el Ministerio de Defensa de Colombia y el Centro de Estudios Regionales.
Este caso se inscribe dentro de un preocupante incremento de los secuestros selectivos en el Valle del Cauca. En 2025 se datos del Ministerio de Defensa registraron dieciocho secuestros en el departamento, de los cuales cinco afectaron directamente a profesionales de la salud. Según la investigadora Lina María Jaramillo, del Centro de Estudios Regionales, la tendencia obedece a la interacción entre economías ilegales —como el narcotráfico y la extorsión— y la limitada capacidad del Estado para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Estos factores estructurales se ven agravados en municipios con baja presencia estatal, donde los sectores profesionales, en especial el médico y el educativo, sufren mayor vulnerabilidad ante el accionar criminal.
En respuesta inmediata al secuestro, las autoridades desplegaron un “plan candado” con participación de la Policía Nacional, el Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal) y el Ejército. Las labores incluyeron revisión de cámaras de seguridad, control de vías y búsqueda de información sobre rutas de escape. El coronel Édgar Vega, comandante de la Policía del Valle, indicó que se investiga si el incidente fue motivado por razones económicas o si involucra estructuras delictivas locales, como históricamente ha sucedido en la zona.
Más allá de los aspectos operativos y de investigación, estos secuestros tienen un grave impacto psicológico y social en las comunidades y, en particular, entre el personal médico. La reiterada violencia contra profesionales de la salud genera temor, deteriora la confianza en las instituciones y puede llegar a limitar el acceso a servicios médicos en áreas rurales y periféricas. Expertos en salud pública citados en investigaciones del Indepaz y medios nacionales han advertido que esta situación puede agravar la crisis sanitaria en territorios donde la atención ya es precaria.
Para comprender plenamente este fenómeno, es importante recordar que el secuestro en Colombia ha experimentado transformaciones sustanciales en las últimas décadas. De ser una práctica asociada principalmente a grupos insurgentes en épocas pasadas, ha pasado a ser una táctica utilizada por estructuras criminales fragmentadas que operan en el marco de redes de narcotráfico, extorsión y control de economías ilegales locales. La geografía escarpada y la persistencia de cultivos ilícitos en el Valle del Cauca propician condiciones favorables para estos grupos, como lo evidencian informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) sobre la región.
Ante esta realidad, las autoridades enfrentan el reto de articular diferentes cuerpos de seguridad y fomentar la colaboración ciudadana como parte de estrategias preventivas más amplias. Hay experiencias comparadas en América Latina, reseñadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), que muestran algunos avances cuando se priorizan programas de inteligencia comunitaria y mecanismos de protección anticipada para profesionales en riesgo. En Colombia, el trabajo del Gaula ha sido destacado, pero diversas voces insisten en reforzar los mecanismos de prevención y protección, en especial en áreas rurales donde la acción estatal es limitada.
La desaparición de Daniela Hernández Montoya, que ha conmocionado a su familia, colegas y vecinos, ilustra a la vez la crudeza del conflicto criminal en regiones aquejadas por debilidad institucional. Mientras avanza la investigación, el caso pone de relieve la urgente necesidad de fortalecer la seguridad y la protección para todos los actores sociales y profesionales en contextos de violencia estructural, apelando a una respuesta integral por parte del Estado y la sociedad.
¿Qué medidas de protección existen para trabajadores de la salud en zonas de riesgo?
La pregunta cobra relevancia porque los profesionales de la salud están particularmente expuestos en territorios donde las economías ilegales y la debilidad estatal generan altos índices de inseguridad. Como se ha documentado tanto en el artículo como en informes de entidades oficiales, médicos, enfermeras y otros trabajadores suelen ser blanco de extorsiones, amenazas e incluso secuestros, limitando la prestación de servicios esenciales y agravando problemáticas sanitarias.
En respuesta, Colombia ha implementado algunos protocolos de seguridad y programas de acompañamiento institucional, principalmente a través del Gaula y entidades como el Ministerio de Salud. Sin embargo, expertos y organizaciones del sector advierten que estas medidas suelen ser insuficientes, sobre todo en municipios rurales. En países de la región, se han ensayado estrategias de inteligencia preventiva y acciones de protección colectiva, con variados niveles de éxito.
¿Cómo se define un “secuestro selectivo” y por qué es relevante este término?
La denominación de “secuestro selectivo” hace referencia a la modalidad en que las víctimas son escogidas por razones específicas, como su profesión, estatus socioeconómico o posible acceso a recursos. Este fenómeno difiere de los secuestros masivos o indiscriminados y, en el caso de profesionales de la salud, representa un riesgo elevado, ya que afecta la prestación de servicios básicos y genera efectos de miedo más amplios en la población.
La relevancia de comprender esta categoría radica en que permite a las autoridades y sectores afectados generar diagnósticos más precisos y diseñar estrategias focalizadas de prevención y reacción. Además, visibiliza la necesidad de protección especial para quienes, por la naturaleza de su trabajo, resultan indispensables para la vida y el desarrollo de las comunidades en regiones de alta conflictividad.
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