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El doble homicidio de dos policías en Morales, Cauca, ocurrido el 14 de agosto, ha puesto nuevamente en evidencia la preocupante persistencia y escala de la violencia contra la fuerza pública en el suroccidente de Colombia. Según la información oficial difundida por fuentes de la Policía Nacional de Colombia, los patrulleros Sergio Andrés Trujillo y Jordan Isaac Rosado Salles fueron ejecutados mediante disparos a la cabeza, justo en frente de la estación de Policía, en un acto que los expertos en conflicto armado califican como selectivo y de extrema brutalidad. El ataque fue perpetrado de manera sorpresiva y contó con el apoyo de hombres armados que huyeron disparando al aire, un accionar que se inscribe dentro del denominado “plan pistola”, una estrategia criminal utilizada por grupos armados ilegales para minar la presencia estatal.
De acuerdo con reportes oficiales consultados por el Observatorio de Seguridad del Cauca y datos recogidos en el informe semestral de 2025, la responsabilidad ha sido atribuida a la Columna Móvil Jaime Martínez, disidencia ligada al alias ‘Iván Mordisco’. Esta estructura es considerada un remanente activo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y se le adjudica una sostenida capacidad de confrontación armada, combinada con actividades de narcotráfico y extorsión. El mayor general Carlos Fernando Triana anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes den información que permita la captura de los responsables, reflejando la prioridad estatal para enfrentar estos hechos.
El municipio de Morales se ha convertido en uno de los epicentros de la crisis de seguridad en Cauca, acumulando al menos tres atentados contra la fuerza pública en lo que va de 2025. Este dato, avalado por los informes del Observatorio de Seguridad, demuestra que estos ataques no son eventos aislados, sino parte de un patrón sistemático orientado a debilitar los mecanismos de control estatal, lo que repercute en la población civil con un ambiente de miedo, indignación e incertidumbre. Además, el reciente hallazgo de un artefacto explosivo cerca de la alcaldía municipal, ocurrido minutos después del asesinato de los policías, da cuenta de una diversificación de tácticas violentas que amenazan no solo a las fuerzas de seguridad, sino también a autoridades administrativas y civiles.
El contexto del conflicto en Cauca es complejo y multifacético. Históricamente, este departamento ha sido escenario recurrente de confrontaciones debido a su difícil geografía, diversidad étnica y la presencia prolongada de grupos armados ilegales desde la década de 1980. Informes académicos y de organismos como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) documentan cómo la fragmentación posacuerdo de las FARC ha complicado la restauración de la autoridad estatal y el avance de los proyectos sociales en la región. En consecuencia, los ataques en Morales se insertan en una coyuntura social y política que demanda respuestas integrales para evitar su proliferación.
Por otro lado, medios como El Tiempo y Revista Semana han documentado que tácticas como el plan pistola no son exclusivas de Cauca, sino una práctica recurrente en territorios como Nariño, Antioquia y Norte de Santander. Esta amplitud geográfica subraya la necesidad de una coordinación nacional e interinstitucional robusta, así como de políticas que incorporen tanto el reforzamiento de la seguridad como estrategias sociales y de desarrollo comunitario. El impacto social de estos hechos es profundo y la recuperación del tejido civil requiere esfuerzos sostenidos tanto del Estado como de los actores locales.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué es el “plan pistola” y por qué es tan difícil de combatir?
El llamado “plan pistola” es una táctica criminal consistente en asesinatos selectivos de miembros de la fuerza pública, generalmente perpetrados por grupos armados ilegales como respuesta a la presión estatal o como mecanismo para recuperar control territorial. Esta táctica fue documentada en múltiples regiones por medios nacionales y respondida por las autoridades con operativos y recompensas, aunque la dinámica de ejecución expresa la dificultad de prevenir ataques sorpresa y la resiliencia de estructuras armadas fragmentadas. Combatir el plan pistola es complejo debido a la movilidad, el conocimiento local de los perpetradores y la fragmentación de la inteligencia criminal en regiones conflictivas como Cauca.
El impacto de estos ataques es profundo no solo para las instituciones, sino también para la percepción de seguridad entre la población y la legitimidad del Estado. Además del refuerzo policial, expertos citados por el Observatorio de Seguridad del Cauca y INDEPAZ destacan la importancia de programas sociales y de prevención con la población joven, históricamente vulnerable al reclutamiento forzado en zonas rurales afectadas.
¿Por qué Cauca sigue siendo un epicentro del conflicto armado en Colombia?
El departamento del Cauca ha sido históricamente uno de los escenarios más críticos del conflicto armado colombiano. Factores como su complicada geografía montañosa, la diversidad étnica y cultural, y la persistente presencia de grupos armados ilegales —pese al acuerdo de paz con las FARC en 2016— han dificultado la consolidación del control estatal y la implementación de programas de desarrollo social, según reportes de INDEPAZ y el Observatorio de Seguridad del Cauca.
La zona extrae su importancia estratégica de su ubicación en corredores del narcotráfico y de movilización de grupos ilegales, lo que ha complicado los esfuerzos gubernamentales para brindar seguridad y oportunidades económicas sostenibles. A pesar de intentos reiterados de pacificación y desarrollo, la fragmentación de grupos armados y las limitaciones institucionales perpetúan la “multiviolencia”, haciendo urgente la articulación entre intervenciones de seguridad y desarrollo regional.
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