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En una acción coordinada entre el Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke y la Policía Nacional, las autoridades lograron la incautación de material bélico en la vereda Dantas, zona rural de Ibagué, Tolima. El operativo permitió hallar una vivienda desocupada que almacenaba tres fusiles —dos M4 y un AK-47 de fabricación venezolana—, además de proveedores de diferentes calibres y material de intendencia con símbolos y prendas identificativas del grupo armado organizado residual (GAO-r) Frente Joaquín González, disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), según la fuente original.
Este decomiso representa un golpe relevante a la reorganización de los grupos armados en el departamento del Tolima. El comandante de la Sexta Brigada, coronel Diego Fernando Patiño Orozco, destacó el éxito de la inteligencia policial y militar, subrayando que en los últimos meses se ha logrado capturar y abatir a cabecillas del GAO-r que comandaban las estructuras criminales. Esta acción, según el portavoz militar, reduce de manera significativa la capacidad de estos grupos para ejercer actividades ilícitas como la extorsión e infundir miedo entre la población civil.
El contexto regional refuerza la importancia estratégica de este operativo. Tras la desmovilización formal de las FARC-EP en 2016, varias facciones disidentes intentaron reorganizarse en sus históricas zonas de influencia, entre ellas el Tolima. De acuerdo con un informe reciente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), los grupos residuales han incrementado su capacidad operativa aprovechando la falta de presencia estatal y los vacíos de control territorial, lo que supone un reto persistente para la seguridad nacional y amenaza el proceso de paz colombiano.
Resulta particularmente relevante la presencia de un fusil AK-47 de fabricación venezolana, evidencia de las rutas transnacionales de tráfico ilegal de armas. Según estudios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la región andina alberga redes ilícitas que suministran armamento a grupos irregulares, usando rutas que también favorecen al narcotráfico y la minería ilegal, extendiendo el problema más allá de las fronteras colombianas.
El material y vestimenta incautados portaban símbolos históricos asociados a las FARC-EP, como guerreras, pantalones y pañoletas con el emblema del Frente Joaquín González. Esta apropiación identitaria, según expertos como Juan Carlos Garzón de la Universidad de los Andes, responde a la estrategia de mantener la cohesión interna y legitimar la actuación de las disidencias frente a sus bases y comunidades aliadas, lo que complica aún más los esfuerzos de pacificación regional.
Los impactos sociales de la permanencia de estas organizaciones son notables. De acuerdo con reportes de Human Rights Watch, la acción violenta y el control territorial de estos grupos han traído como consecuencia el desplazamiento de comunidades rurales, restringiendo el acceso a servicios básicos y perpetuando condiciones de pobreza y aislamiento. La necesidad de una respuesta coordinada entre fuerzas militares, policías y organismos civiles es apremiante para mitigar estos efectos y avanzar en la reconstrucción del tejido social.
El coronel Patiño Orozco reiteró que la coordinación con la policía y el soporte de inteligencia especializada son factores cruciales para desarticular de manera eficaz las redes criminales. Si bien los grandes grupos han perdido capacidad territorial, las disidencias han mutado en formas de organización más flexibles y difíciles de erradicar sin una colaboración interinstitucional sostenida.
La operación en la vereda Dantas expone, por tanto, no solo la persistencia de las amenazas armadas en el Tolima, sino también la necesidad de políticas públicas transversales que integren desarrollo rural, acceso a la justicia y fortalecimiento institucional, con el fin de privar a estos grupos de los entornos donde prosperan. Como concluye el análisis del Centro de Estudios Estratégicos, solo con acciones integrales será posible reducir la resiliencia de las disidencias y avanzar hacia una paz duradera en territorios históricamente afectados.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué significa GAO-r y cuál es su relevancia en el contexto colombiano?
La sigla GAO-r corresponde a “Grupo Armado Organizado residual”. Este término denomina a las facciones armadas que, tras la desmovilización de las FARC-EP en 2016, decidieron mantenerse al margen del proceso de paz, reorganizándose y perpetuando actividades criminales como narcotráfico, extorsión y minería ilegal. La existencia y expansión de los GAO-r representa un desafío recurrente para la seguridad en distintas regiones del país, pues explotan vacíos de poder y buscan legitimar su acción bajo ideologías y símbolos heredados.
El fenómeno de los GAO-r ha obligado al Estado y a la sociedad civil a repensar las estrategias contra la criminalidad, apostando tanto por operaciones militares especializadas como por intervenciones sociales que desmantelen las bases de apoyo logístico y simbólico de estos grupos. La persistencia de los GAO-r pone en evidencia las limitaciones y desafíos que enfrenta Colombia en el periodo posterior al acuerdo de paz.
¿Cuál es el impacto del tráfico de armas provenientes del exterior en la seguridad del Tolima?
El hallazgo de un AK-47 de fabricación venezolana entre el arsenal decomisado en Tolima es una muestra tangible de cómo el tráfico internacional de armas afecta la seguridad territorial. Las armas provenientes del extranjero llegan a menudo mediante redes criminales dedicadas también al narcotráfico y otras economías ilegales, alimentando el poder de fuego de los grupos armados en zonas vulnerables.
La dificultad para contener estas rutas ilícitas radica en su carácter transnacional y en la capacidad de corrupción que las organizaciones criminales ejercen en las instituciones. Este tráfico incrementa los riesgos de violencia, desplazamiento y victimización de la población civil, planteando un reto constante para las autoridades encargadas de la seguridad y el control fronterizo.
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