El recordado y polémico Chevrolet Spark de color azul, que se hizo viral en todo el país tras ser grabado intentando subir un puente peatonal en la calle 26 al occidente de Bogotá, quedó nuevamente en libertad tras salir de los patios y fue visto circulando por las calles de la capital como si nada hubiera ocurrido. Este caso, que semanas atrás había culminado con la inmovilización del automóvil por parte de las autoridades del municipio de Cajicá, Cundinamarca, puso al descubierto los profundos vacíos del sistema normativo y administrativo de tránsito en el país, según informó El Tiempo.
Fuentes del equipo de trabajo del concejal de Bogotá, Juan David Quintero, le confirmaron a este medio que el vehículo obtuvo su salida debido a que “sobre el mismo no recae ninguna orden judicial o administrativa que sea suficiente para una retención distinta a las que causó por infringir las normas de tránsito en la jurisdicción de Cajicá”. Asimismo, se constató que el presunto infractor se presentó ante las autoridades locales con la documentación reglamentaria para retirar el automotor. Acorde a la Ley 769 de 2002, la administración municipal no contaba con la facultad legal para retener el carro de placas ZIX 013 por más tiempo, ya que no existía una medida judicial excepcional que lo impidiera, obligando a las autoridades a devolverlo una vez cumplidos los trámites ordinarios de tránsito.
La situación generó un fuerte rechazo político. El cabildante Quintero difundió un video donde calificó el hecho como “absolutamente insólito e inadmisible”, criticando con dureza que el conductor pueda transitar libremente tras poner en riesgo la vida de los peatones. El concejal hizo un llamado directo al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y a la Secretaría Distrital de Movilidad para impulsar reformas urgentes: “Hay que modificar el Código de Tránsito o la norma que sea para garantizar que, cuando este tipo de cosas ocurren, prime el interés general y la protección de los ciudadanos, y no la impunidad de un absoluto inadaptado social como el del Spark azul”.
Por su parte, la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, entregó detalles sobre el historial del conductor, revelando una situación financiera y legal compleja. La funcionaria indicó que el responsable registra más de 35 comparendos que superan los 24 millones de pesos en deudas por infracciones, entre las que se cuentan invasión del espacio público, maniobras peligrosas y circulación por zonas no autorizadas.
Debido a este historial, la Secretaría ha avanzado en procesos de embargo que ya han impactado sus productos financieros, incluyendo cuentas de billeteras digitales como Nequi, además de iniciar el proceso administrativo para la suspensión de su licencia de conducción por reincidencia. Mientras las autoridades distritales buscan mecanismos para frenar la renuencia a acatar las normas viales, la reaparición del automóvil en las vías de la capital mantiene encendido el debate sobre la eficacia de los mecanismos de control y sanción en el país.
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