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La regulación sobre la tenencia de mascotas en conjuntos residenciales podría experimentar cambios importantes en Colombia. Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República propone modificar la Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal, con el propósito de fortalecer la convivencia entre residentes, administraciones y propietarios de animales de compañía, al tiempo que incorpora medidas para promover el bienestar animal y prevenir el maltrato.
La iniciativa establece nuevas obligaciones para administradores, consejos de administración, copropietarios y residentes, con el fin de definir reglas claras sobre la presencia de mascotas y la atención de animales sin propietario identificado que permanezcan dentro de las zonas comunes de edificios y conjuntos residenciales.
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El articulado dispone que las acciones voluntarias de los residentes para alimentar, refugiar o proteger animales sin cuidador identificado deberán ser permitidas por los órganos de administración, siempre que no exista un concepto sanitario emitido por la autoridad competente que desaconseje esta práctica.
Asimismo, el proyecto prohíbe expulsar a estos animales de las copropiedades o destruir los espacios acondicionados para su protección, excepto cuando representen un riesgo para las personas, otros animales o los bienes comunes. En estos casos, el consejo de administración deberá solicitar la intervención de la alcaldía o de la entidad competente para que se encargue de su atención, protección y traslado.
La propuesta también señala que cualquier persona que decida asumir el cuidado de un animal sin propietario identificado deberá garantizar su alimentación, esterilización, vacunación, desparasitación y el cumplimiento de las normas sobre tenencia responsable de animales de compañía.
Registro obligatorio de animales y nuevas responsabilidades
Uno de los principales cambios planteados en el proyecto corresponde a la creación de un registro obligatorio de animales de compañía en todas las propiedades horizontales de uso residencial.
Los administradores deberán recopilar información relacionada con la identificación del tenedor, la especie, el nombre, la edad, el estado de esterilización y el esquema de vacunación de cada animal. Estos datos deberán ser reportados mensualmente a las alcaldías municipales y distritales.
De acuerdo con la iniciativa, esta base de datos permitirá fortalecer los programas públicos de esterilización, vacunación, educación sobre tenencia responsable y protección animal, además de facilitar la identificación de posibles casos de abandono o maltrato.
El incumplimiento de esta obligación podrá generar las sanciones contempladas en los reglamentos internos de cada propiedad horizontal.
El proyecto también establece un tratamiento especial para los perros de manejo especial que no cuenten con un cuidador identificado y para las colonias de gatos que permanezcan dentro de las copropiedades. En estas situaciones, las administraciones deberán coordinar acciones con las autoridades locales y organizaciones dedicadas a la protección animal para adelantar procesos de atención veterinaria, esterilización, adopción, reubicación o traslado a refugios, según corresponda.
Se prohíben barreras que puedan causar daño a los animales
La iniciativa también introduce disposiciones relacionadas con la instalación de elementos destinados a proteger a los animales de compañía.
En ese sentido, las administraciones no podrán impedir la instalación de mallas, redes de seguridad u otros mecanismos de protección, siempre que sean removibles, de color claro, no afecten la estructura del inmueble y se ubiquen en bienes privados o en zonas comunes de uso exclusivo.
De igual manera, el proyecto prohíbe instalar barreras físicas que puedan ocasionar lesiones, sufrimiento o la muerte de animales. Antes de implementar cualquier elemento destinado a impedir el ingreso o permanencia de determinadas especies, especialmente aves, la administración deberá solicitar un concepto técnico a la autoridad competente en materia de protección y bienestar animal.
Cuando una barrera represente un riesgo para la integridad de los animales, la autoridad de policía podrá ordenar su retiro inmediato, sin perjuicio de las sanciones policivas o penales que puedan imponerse por la comisión de conductas constitutivas de maltrato animal.
Nuevos mecanismos para resolver conflictos
El proyecto de ley también contempla la creación de un Comité de Mediación Comunitaria para la Protección Animal en cada edificio o conjunto residencial. Este organismo estará integrado, como mínimo, por un representante de los copropietarios y un integrante del consejo de administración.
Su función será atender y mediar en los conflictos relacionados con la presencia, permanencia o tenencia de animales dentro de la propiedad horizontal, con el propósito de promover soluciones concertadas entre las partes y evitar la escalada de disputas entre residentes.
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Adicionalmente, la iniciativa obliga tanto a administradores como a residentes a informar a las autoridades sobre cualquier caso de presunto maltrato animal del que tengan conocimiento. También deberán facilitar el acceso a grabaciones de cámaras de seguridad y demás medios probatorios que permitan identificar a los presuntos responsables.
Finalmente, el texto establece que el Ministerio de Salud y Protección Social deberá expedir, en un plazo máximo de un año contado desde la entrada en vigencia de la ley, un protocolo para regular el uso seguro de plaguicidas en las propiedades horizontales. El objetivo será evitar la utilización de sustancias que puedan generar afectaciones a la salud o causar sufrimiento a los animales, reforzando así las medidas de protección y bienestar contempladas en la propuesta legislativa.
Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría
El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.
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