Un tremendo terremoto judicial y político sacude al Ministerio del Trabajo. El ministro Antonio Sanguino reaccionó de inmediato luego de que el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá ordenara su arresto por, supuestamente, desacatar un fallo de tutela. La fuerte medida fue impulsada por la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda, lo que desató una dura batalla legal y de declaraciones entre ambos políticos.
El choque se originó por la supuesta demora de la cartera laboral en entregar información detallada sobre las investigaciones de acoso sexual y violencia basada en género dentro de RTVC, el sistema de medios públicos. Según Miranda, el ministro Sanguino prefirió ignorar la orden de un juez antes que dar la cara y responder por lo que pasa en esa entidad. La congresista no se guardó nada y aseguró que la orden de arresto se da por encubrir a Hollman Morris, lanzando la pregunta pública de qué es lo que realmente están ocultando en ese despacho.
Ante la gravedad de la orden de detención, el ministro Sanguino sacó toda su artillería jurídica y pidió tumbar de inmediato el arresto. El funcionario se defendió públicamente asegurando que su cartera sí respondió de fondo desde el pasado 26 de mayo de 2026 a la solicitud sobre el Plan Nacional de Inspección a medios, y que el primero de julio le reportó dicha contestación al despacho judicial. El Ministerio del Trabajo emitió un comunicado oficial defendiendo que siempre ha actuado con profundo respeto por las decisiones de los jueces y cumpliendo la ley dentro de los términos correspondientes.
Sanguino no se quedó quieto y le devolvió el golpe a Miranda, acusándola de tener un ensañamiento personal y de hacer un uso político oportunista de la situación que debería ser rechazado por la sociedad. El jefe de la cartera laboral del gobierno de Gustavo Petro cuestionó que la congresista ignore deliberadamente los hallazgos en otros medios de comunicación incluidos en el plan de inspección y se concentre únicamente en RTVC, que hoy opera como Inravisión.
Finalmente, el ministro aclaró que la base de su silencio parcial se debe a que la ley lo obliga a proteger los datos sensibles de las denuncias de acoso sexual y violencia de género. Sanguino explicó que revelar esos expedientes violaría la reserva legal, afectaría la intimidad de las personas involucradas y provocaría una grave revictimización. Para frenar la orden de captura, el funcionario interpuso una solicitud de inaplicación de la sanción mediante el grado jurisdiccional de consulta, buscando controvertir y revocar la decisión del juez.
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