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La operación militar recententemente ejecutada en la zona rural de Puerto Santander y Mirití-Paraná puso en la mira del país la captura de Néstor Gregorio Vera, conocido como Iván Mordisco, señalado como el principal líder de la disidencia más fuerte de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Esta acción, liderada de forma conjunta por el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, logró incautar material militar avanzado, dispositivos tecnológicos y provisiones médicas, así como la entrega voluntaria de uno de los combatientes del grupo insurgente. Según información proporcionada por el Ministerio de Defensa, el objetivo de tales operativos radica en aumentar la presión sobre Mordisco, considerado actualmente el criminal más buscado en Colombia.
La facción comandada por Iván Mordisco, denominada Estado Mayor Central (EMC), se ha mantenido activa tras el acuerdo de paz firmado en 2016 por las FARC originales. El EMC se caracteriza por consolidar su poder en territorios estratégicos, mayormente en geografías como el Catatumbo, donde desarrolla actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y otras economías ilegales. Datos oficiales del Gobierno colombiano advierten que esta estructura ha perpetrado ataques directos contra la fuerza pública, agravando la inestabilidad y los riesgos para comunidades vulnerables, lo que subraya la gravedad del fenómeno y la importancia del operativo.
En septiembre pasado, la administración presidencial aumentó a 5 mil millones de pesos la recompensa por información para capturar a Mordisco, señal inequívoca de la relevancia que otorga el Estado a esta amenaza. Igualmente, el Ejército reportó la reciente entrega de cuatro insurgentes en el municipio de Íquira, Huila, como parte de una tendencia que podría sugerir fragmentación interna o desmovilización parcial del EMC. En este contexto, también se recuperó a un menor de edad, víctima del reclutamiento forzado, una problemática que la Quinta División del Ejército destacó como prioritaria.
El informe del International Crisis Group indica que estos grupos armados se fortalecen en zonas de débil presencia estatal y marcada vulnerabilidad social, perpetuando conflictos y facilitando la inserción de economías ilícitas. La región del Catatumbo ilustra la compleja conexión entre factores locales y dinámicas internacionales, dado el peso del narcotráfico y la amplia exposición a redes de violencia transnacional.
Voceros de la academia y de organismos de derechos humanos han advertido que la acción militar, aunque necesaria, no puede considerarse suficiente por sí sola. El estudio emitido por la Universidad de los Andes señala que el éxito en el control territorial debe complementarse con políticas judiciales robustas y estrategias de desarrollo social que ataquen las raíces del conflicto. De hecho, experiencias previas muestran que la presencia armada sin respaldo estructural puede impulsar nuevos ciclos de violencia o desplazamiento, afectando la reconstrucción social y la reintegración de las víctimas.
La cooperación interinstitucional mostrada en la operación aérea demuestra la intención del Estado de consolidar esquemas integrados para el control de áreas complejas. Según análisis del Pentágono de Estados Unidos, este modelo coordinado constituye una buena práctica que responde a recomendaciones internacionales contra la violencia organizada, lo cual resulta vital para la estabilidad regional, especialmente en zonas tradicionalmente convulsionadas como Puerto Santander.
Por tanto, la reciente ofensiva militar representa un avance importante en el esfuerzo nacional para enfrentar y reducir las actividades de las disidencias armadas, aunque su impacto de fondo dependerá de que se desarrollen medidas integrales que posibiliten una paz genuina y el restablecimiento de la confianza de la población local.
¿Qué consecuencias sociales puede tener la desmovilización de combatientes del Estado Mayor Central?
Las entregas voluntarias registradas, como la de cuatro insurgentes en Huila y la recuperación de un menor reclutado, plantean retos para el Estado colombiano más allá de la dimensión militar. El proceso de desmovilización genera necesidades de reintegración social y económica, tanto para los adultos como para los menores que han sido vinculados forzosamente a la confrontación armada. Es fundamental garantizar programas de apoyo psicosocial y educativo que permitan a estos individuos rehacer su proyecto de vida y evitar la reincidencia en grupos delictivos.
Además, la reincorporación representa un desafío para las comunidades receptoras, que muchas veces enfrentan temores, estigmatización y crisis de convivencia. Sin políticas claras de reconciliación y acompañamiento, la transición puede fallar, incrementando el riesgo de nuevos ciclos de violencia y dificultando la consolidación de una paz sostenible en las zonas afectadas.
¿En qué consiste el reclutamiento forzado y por qué es considerado una grave violación de derechos humanos?
El reclutamiento forzado, mencionado en el informe del Comando Quinta División del Ejército, refiere a la práctica de obligar a menores de edad a integrar grupos armados ilegales. Este acto es prohibido por la legislación colombiana e internacional y constituye un crimen que impacta gravemente el desarrollo físico, emocional y educativo de los niños y adolescentes afectados.
La prevención y denuncia de este delito es prioritaria, puesto que el reclutamiento perpetúa los ciclos de violencia y priva a las nuevas generaciones de la oportunidad de crecer en contextos de paz y legalidad. La recuperación de menores en operativos militares evidencia tanto el alcance de la problemática como la urgencia de fortalecer la protección y el restablecimiento de sus derechos fundamentales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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