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La reciente imposición de sanciones por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, en particular en los casos de secuestro relacionados con la antigua cúpula de las FARC y los denominados falsos positivos atribuidos a exmilitares, constituye un punto de inflexión en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Según António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estas decisiones representan un avance crucial en la materialización del punto 5 del acuerdo, el cual busca garantizar justicia y reparación para las víctimas de décadas de conflicto armado, como recoge un reporte de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia publicado por El Espectador.
Una novedad significativa en esta etapa es el rol adoptado por la Misión de Verificación de la ONU, que vigila la puesta en práctica de las sanciones dictadas por la JEP. El Consejo de Seguridad de la ONU delegó en la Misión la responsabilidad de corroborar tanto la observancia de las sanciones por parte de los excombatientes sancionados como el cumplimiento, por parte del Estado, de las condiciones necesarias para su ejecución. Esto abarca aspectos como la seguridad de los comparecientes, el financiamiento de los proyectos y el acceso efectivo a la reintegración socioeconómica. Se trata de un reto considerable, en particular porque muchas de las zonas priorizadas para la implementación continúan siendo escenario de alta violencia y precariedad.
El despliegue de la Misión de Verificación abarca desde grandes ciudades hasta municipios y veredas remotas, lo cual garantiza una vigilancia constante e in situ sobre el cumplimiento de las medidas. Esta presencia territorial es crucial para certificar que las acciones de reparación, tales como la descontaminación de minas antipersonales o la protección medioambiental, efectivamente tengan impacto en los territorios afectados por el conflicto. No obstante, los informes evidencian que el déficit de recursos financieros complica la ejecución: la JEP ha solicitado al Ministerio de Hacienda más de cien mil millones de pesos para proyectos reparadores, de los cuales solo una pequeña parte ha sido desembolsada.
La seguridad de quienes deben cumplir las sanciones, entre ellos exguerrilleros y exmilitares asentados en áreas vulnerables, continúa siendo un factor de alta preocupación. Desde la firma del Acuerdo de Paz, han sido asesinados más de 420 firmantes. Este contexto de riesgo, sumado a la presencia de organizaciones criminales y la débil respuesta judicial en su desmantelamiento, plantea desafíos significativos para el Estado y la Misión de la ONU en su objetivo de asegurar la integridad de las personas involucradas.
La justicia transicional en Colombia, implementada a través de la JEP y su enfoque restaurativo, destaca a nivel internacional por superar modelos anteriores basados únicamente en amnistías o en comisiones de verdad sin sanciones judiciales. El proceso colombiano introduce sanciones penales con un claro propósito reparador, lo cual ha sido resaltado como innovador por organismos multilaterales y expertos jurídicos. Esta aproximación podría influir en futuras iniciativas de paz global, dado que equilibra justicia y reconciliación en sociedades marcadas por la violencia prolongada.
La coyuntura política en Colombia y el respaldo internacional son factores que inciden directamente en la consolidación de la paz. El Consejo de Seguridad de la ONU, a pesar de tensiones geopolíticas, ha mostrado respaldo unánime a la implementación del Acuerdo. Simultáneamente, la Corte Constitucional de Colombia ha instado al Ejecutivo a acelerar la modernización de entidades fundamentales como la Unidad de Implementación, mientras la ONU ofrece cooperación técnica para dicha tarea. La llegada del nuevo jefe de la Misión de Verificación, Miroslav Jenča, augura continuidad y refuerza el criterio de dar a las víctimas un papel activo en la consolidación de una justicia restaurativa auténtica, con el propósito de lograr verdad, reparación y no repetición.
¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y cuáles son sus funciones principales? La JEP es un mecanismo judicial especial diseñado para esclarecer crímenes derivados del conflicto armado en Colombia y determinar sanciones con enfoque restaurativo. Su función principal es investigar, juzgar y sancionar a quienes hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos, ofreciendo beneficios a cambio de verdad y reparación a las víctimas. Esta estructura responde a compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz para evitar la impunidad y facilitar la reconciliación nacional.
¿Por qué es importante el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el proceso de paz colombiano? El acompañamiento de la ONU otorga legitimidad internacional y seguimiento imparcial al proceso, lo que fortalece la confianza de la sociedad civil y de las víctimas en la implementación de los acuerdos. Además, la vigilancia de la ONU contribuye a identificar obstáculos operativos, promover buenas prácticas y ofrecer asesoría técnica que puede acelerar la consolidación de políticas clave para la paz y la justicia transicional, como lo muestra la experiencia recopilada por la Misión de Verificación en Colombia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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