El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La magistrada Ana Manuela Ochoa se ha distinguido no solo por su trayectoria judicial, sino también por integrar profundamente su identidad cultural y sensibilidad artesanal al ejercicio de la justicia restaurativa. Como presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Ochoa lideró la primera sentencia de corte restaurativo contra exmilitares implicados en 135 casos de los denominados falsos positivos en el Batallón La Popa, un proceso emblemático para la justicia transicional en Colombia. Su papel ha sido clave al entrelazar la verdad judicial con la narrativa y las demandas de reparación de víctimas y comunidades, entre ellas la comunidad kamkuama de la que proviene.
La entrega de una mochila tejida, objeto emblemático de la cultura kamkuama, durante la lectura de la sentencia no fue casualidad, sino un símbolo escogido colectivamente por su equipo para materializar el sentido de la reparación. Esta mochila, obsequio de su hermana y presente en ese momento esencial, encarna valores identitarios del pueblo kamkuama: resiliencia, tejido comunitario y memoria. Así, la justicia restaurativa es resignificada desde elementos culturales, ampliando su alcance más allá del castigo para abarcar dimensiones de sanación colectiva y reconocimiento de la dignidad de las víctimas, como resalta el método adoptado por la JEP desde su creación en 2016 en virtud del Acuerdo de Paz.
La relevancia de este enfoque se enmarca en una coyuntura donde la justicia colombiana debe afrontar casos en los que agentes estatales perpetraron graves crímenes, como el asesinato sistemático de civiles en el Batallón La Popa, reportado ampliamente por organizaciones como Human Rights Watch y fuentes oficiales. Las víctimas, entre 2002 y 2008, sufrieron la doble afrenta del crimen y de su ocultamiento bajo falsos reportes de bajas combatientes. La sentencia de Ochoa no solo impone responsabilidad, sino que exige compromisos de reparación simbólica y material, usando testimonios, actos y símbolos para restablecer el tejido social dañado.
En entrevista con El Espectador, Ana Manuela Ochoa dio testimonio de la carga emocional que supuso abordar décadas de trauma social y violencia, enfatizando la necesidad de escuchar y resarcir verdaderamente a las víctimas, protagonistas centrales de la justicia restaurativa. El proceso judicial ha involucrado de manera activa a la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, que consideran indispensable visibilizar el rol del Estado en estos crímenes y garantizar que no se repitan estos hechos atroces.
Expertos del International Center for Transitional Justice advierten que, aunque persisten desafíos para la implementación efectiva de las sentencias restaurativas, avances recientes refuerzan la confianza en el sistema. Al incorporar símbolos culturales como la mochila en estos procesos, la JEP y su presidenta contribuyen a legitimar la justicia ante las comunidades, un aspecto que estudios han resaltado como esencial para la reconciliación y la reconstrucción social tras largos periodos de violencia.
En definitiva, la labor de Ana Manuela Ochoa representa un modelo innovador que coloca los valores culturales y el respeto al tejido social en el corazón de la justicia restaurativa, buscando que la verdad y la reparación integral conduzcan a una paz duradera con la participación de las comunidades más afectadas.
¿Qué implica la responsabilidad restaurativa para los exmilitares en el caso del Batallón La Popa?
A raíz de la sentencia encabezada por la magistrada Ochoa, los exmilitares no solo deben aceptar la verdad de sus actos y la responsabilidad por las ejecuciones ilegales, sino también comprometerse a desarrollar medidas simbólicas y materiales de reparación. Esta obligación abarca la construcción de memoriales, la participación en actos públicos de reconocimiento y la contribución a nuevas garantías de no repetición, según se explica en las directrices de la JEP y reportes citados por El Espectador.
Este modelo exige que los exresponsables escuchen el sufrimiento expresado por las víctimas y participen en procesos destinados a restablecer la confianza de las comunidades, lo que representa un cambio significativo respecto a la lógica exclusivamente punitiva del derecho ordinario.
¿Qué significa “justicia restaurativa” en el contexto de la JEP?
La justicia restaurativa, destacada en las actuaciones de la JEP, constituye un enfoque en el que la prioridad es reparar el daño a través del reconocimiento de verdad, la reconstrucción del tejido social y el compromiso con la no repetición de los hechos violentos, en lugar de limitarse a la sanción penal tradicional. Esta justicia involucra a víctimas, responsables y comunidades, y promueve medidas que facilitan el diálogo, la memoria colectiva y la reconciliación.
La adopción de este modelo, particularmente en casos como los “falsos positivos”, responde a las necesidades de sociedades que han vivido largos conflictos armados. Profundizar en el sentido simbólico y relacional de la justicia ayuda a fortalecer el proceso de paz y la participación activa de todos los sectores involucrados, conforme muestran los lineamientos de la JEP y estudios recogidos por organizaciones como Global Initiative for Justice, Truth and Reconciliation.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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