La Corte Constitucional avaló la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural que resulta clave para resolver los conflictos de tierras en el país y que busca transformar el acceso a la justicia para el campesinado colombiano.
Con esta decisión, la Sala Plena del alto tribunal respaldó de manera mayoritaria la Ley Estatutaria 157 de 2023. Esto abre paso a la implementación de la reforma rural integral que hace parte del punto uno del acuerdo de paz firmado con las Farc y que supone uno de los más grandes retos del acuerdo.
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Sin embargo, la Corte declaró inconstitucionales los artículos 4 y 5 de la ley, al considerar que estos no guardaban una relación directa con el objeto de la norma. Ahora, tras el aval del alto tribunal, la norma podrá ser firmada por los presidentes del Senado y la Cámara, y posteriormente sancionada por el presidente de la República para su entrada en vigencia.
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De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción también deberá garantizar la equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres, comunidades campesinas, étnicas y víctimas del conflicto armado en la provisión de dichos cargos.
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