El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha antidrogas marca un punto de inflexión para la política nacional y los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz de 2016. Cifras de Naciones Unidas evidencian la magnitud del reto: en 2023, el país alcanzó el récord de 253.000 hectáreas cultivadas de coca, lo que representa un aumento del 10 % en comparación con el año anterior, mientras que la producción potencial de cocaína subió un 53 %, alcanzando las 2.664 toneladas métricas. Este aumento revela la ineficacia de los actuales esfuerzos estatales y la persistente consolidación de economías ilícitas, a pesar de los programas de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo promovidos desde el gobierno.
El Acuerdo de Paz, columna vertebral de la política nacional frente al narcotráfico, establece que la erradicación forzada debe ser el último recurso. Sin embargo, la apuesta por la sustitución no ha logrado transformar la situación de las comunidades campesinas: más de 99.000 familias integrantes del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) siguen sin recibir el apoyo técnico, económico e infraestructural prometido. Este incumplimiento alimenta una frustración creciente, debilitando la confianza estatal y dificultando iniciativas que permitan dejar atrás los cultivos ilícitos, como señala El Espectador.
Frente a estas dificultades, la reciente posibilidad de reanudar la fumigación aérea con glifosato, propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, se encuentra entorpecida por barreras legales, ambientales y sociales. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, el debate sobre el uso del glifosato parece responder más a presiones externas que a una estrategia nacional legítima y viable, mientras la descertificación estadounidense acentúa la crisis estructural de la política antidrogas y condiciona incluso la cooperación internacional y la inversión extranjera necesarias para el desarrollo rural.
Ana María Rueda, de la Fundación Ideas para la Paz, advierte sobre el uso de la agenda de drogas como herramienta política en campañas electorales, donde la búsqueda de resultados inmediatos ha impedido la construcción de una hoja de ruta consistente para implementar el Punto 4 del Acuerdo de Paz. Ante eventuales giros hacia políticas más severas y militarizadas, el riesgo de retrocesos en la estabilización nacional es significativo, según lo reporta El Espectador.
El actual retiro del apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que financiaba proyectos sociales de desarrollo alternativo, ha limitado la ayuda extranjera en asuntos sociales, incrementando el énfasis en acciones de control y seguridad por parte de Estados Unidos. Este cambio debilita el alcance integral del Acuerdo de Paz, dificultando respuestas estructurales y perpetuando enfoques punitivos vinculados al conflicto interno. Además, la pérdida de credibilidad internacional derivada de la descertificación colombiana podría restringir el acceso a créditos y desencadenar sanciones, contribuyendo a un círculo de limitaciones que afecta directamente la posibilidad de consolidar el desarrollo y la paz rural, según el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Colombia.
En definitiva, el señalamiento estadounidense expone la insuficiencia de un modelo centrado en soluciones expedientes y destaca la necesidad de una política antidrogas colombiana que priorice la visión a largo plazo, la articulación institucional y el apoyo social, evitando la repetición de errores históricos.
¿Qué consecuencias puede tener la suspensión de la asistencia internacional en las comunidades campesinas?
La interrupción de recursos provenientes de agencias extranjeras como USAID pone en riesgo la sostenibilidad de proyectos sociales y productivos implementados en territorios rurales afectados por el narcotráfico. Las comunidades campesinas, que habían confiado en la promesa estatal de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo, quedan en situación de mayor vulnerabilidad, incrementando la dependencia de economías ilícitas por falta de oportunidades reales. Ante la retirada de apoyo internacional orientado a acciones sociales, el enfoque punitivo y de seguridad se fortalece, minando el propósito transformador del Acuerdo de Paz y propiciando un escenario donde la conflictividad y el estancamiento institucional pueden prevalecer.
¿Qué es y para qué sirve el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS)?
El Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) es una estrategia estatal colombiana enfocada en la transición voluntaria de los cultivos de uso ilícito, como la hoja de coca, hacia formas legales y sostenibles de producción rural. Creado en el marco del Acuerdo de Paz, el PNIS busca brindar apoyo técnico, económico e infraestructural a las familias campesinas que se comprometen a dejar el cultivo de coca, permitiendo así el fortalecimiento del tejido social y la economía legal en regiones históricamente afectadas. Sin embargo, el incumplimiento de estos compromisos, documentado por El Espectador, genera frustración y profundiza la desconfianza entre las comunidades y el Estado.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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