La medida, vigente desde el pasado primero de septiembre, responde a millonarias deudas de la EPS que oscilan entre 68.000 y 150.000 millones de pesos, lo que hace insostenible la operación de la clínica.
La situación refleja un panorama crítico en la región, donde los cierres de servicios pediátricos, neonatales y de urgencias en municipios como Cali y Palmira han dejado en evidencia las consecuencias de deudas acumuladas por más de 3,5 billones de pesos de distintas EPS con hospitales públicos y privados, detalla El Tiempo.
La clínica aclaró que no se trata de falta de compromiso, sino de inviabilidad financiera, aunque espera que la suspensión sea temporal.
El secretario de Salud de Cali convocó una mesa de trabajo con la Nueva EPS, la clínica y Supersalud, donde la EPS se comprometió a realizar pagos pendientes, lo que abre la posibilidad de reactivar pronto los servicios. Sin embargo, mientras no se concreten los acuerdos, las cinco sedes permanecerán cerradas.
En Palmira, el cierre de urgencias por falta de pago provocó renuncias masivas de personal, obligando a activar planes de contingencia y trasladar pacientes a otras instituciones ya saturadas, añadió ese medio.
Por qué hay crisis de EPS en la salud en Colombia
La crisis de las EPS en Colombia actualmente responde a una combinación de problemas financieros, estructurales y de gestión que se han venido acumulando por años.
En primer lugar, la deuda de estas entidades con clínicas y hospitales, tanto públicos como privados, supera los 20 billones de pesos a nivel nacional, lo que ha llevado a cierres de servicios, suspensión de atenciones y renuncias masivas del personal médico por falta de pago.
Estas deudas se deben en gran medida a retrasos en el flujo de recursos desde el Estado hacia las EPS, sumado al incumplimiento de pagos de las propias entidades hacia las instituciones prestadoras de salud (IPS).
A esto se suma el incremento en la demanda de servicios, pues cada vez más pacientes requieren atención especializada y medicamentos de alto costo, sin que el sistema reciba los recursos suficientes para cubrirlos.
La Corte Constitucional ha ordenado que se desembolsen los dineros aprobados en el llamado Acuerdo de Punto Final, pero la ejecución ha sido lenta e insuficiente. Además, persiste una mala gestión administrativa en varias EPS, que no han logrado garantizar eficiencia en el manejo de los fondos y han acumulado deudas insostenibles.
Otro factor es la inequidad en la red de servicios: muchas EPS concentran contratos con pocas clínicas, lo que genera sobrecarga y colapso en esas instituciones, mientras otras quedan desfinanciadas. La situación se agrava con la falta de confianza de los usuarios, quienes enfrentan barreras para acceder a citas, autorizaciones y procedimientos.
En consecuencia, el sistema de salud se encuentra en una crisis generalizada que amenaza la atención de millones de colombianos. Sin pagos oportunos ni una reforma estructural que garantice sostenibilidad financiera y mejor control de recursos, la viabilidad de las EPS y de los hospitales seguirá en riesgo, afectando directamente a los pacientes.
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