Crisis de la Nueva EPS paraliza atención médica en Manizales: miles de usuarios en riesgo por deudas millonarias

La situación financiera crítica que atraviesa la Nueva EPS ha desencadenado una alerta sanitaria en Manizales y el departamento de Caldas, donde diversos prestadores de salud han comenzado a suspender atenciones a pacientes afiliados a esta aseguradora debido a considerables deudas. Entre los casos más preocupantes destaca la Clínica Avidanti, que confirmó la suspensión de sus servicios tras acumular una deuda superior a los 171 mil millones de pesos, así como el Hospital San Félix, que reporta un adeudo cercano a los 26 mil millones y, hasta ahora, no ha recibido solución efectiva por parte de la Nueva EPS, según información de LA PATRIA. Esta crisis amenaza la continuidad de la atención médica para miles de personas, evidenciando las consecuencias de los atrasos en pagos dentro del modelo de aseguramiento.

Este episodio no es un hecho aislado, sino que representa un reflejo de un problema estructural en el sistema de salud colombiano, marcado por las dificultades financieras recurrentes de las Empresas Promotoras de Salud (EPS). La base de este modelo, centrado en aseguradoras privadas, ha sido objeto de críticas documentadas por organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de Colombia, debido al impacto de los retrasos en el pago a clínicas y hospitales. La Nueva EPS, al ser la entidad con más afiliados del país, es un actor fundamental cuya inestabilidad repercute directamente en la cobertura nacional y la calidad de los servicios ofertados.

En este contexto, la Nueva EPS reaccionó ante la creciente presión pública y de los prestadores emitiendo un comunicado tras la intervención administrativa que encabeza ahora Gloria Libia Polanía Aguillón, su nueva agente interventora. La dirección enfatizó su compromiso en recuperar la entidad y garantizar el acceso a la salud con calidad, enfocándose en la estabilización administrativa, financiera y jurídica y en la mejora de las relaciones con los prestadores, además de garantizar el suministro oportuno de medicamentos. Sin embargo, especialistas en gestión hospitalaria advierten, citados por LA PATRIA, que estos procesos son complejos y lentos, requiriendo respaldo adicional del Estado para evitar que la crisis se profundice.

Desde el terreno, César Augusto Rincones, gerente del Hospital San Félix, detalló la gravedad de la situación al señalar que la falta de pagos pone a la institución a un paso de la insolvencia, amenazando la continuidad operativa si no se cuenta con un abono inmediato de al menos 10 mil millones de pesos. Mientras se sostiene el pago al personal y proveedores, el directivo indicó que la institución solo está manteniendo los procedimientos ya programados, habiendo paralizado la admisión de nuevos usuarios de esta EPS.

El impacto de la crisis se traslada directamente a los usuarios, quienes, tal como han relatado en entrevistas recogidas por LA PATRIA e informes del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), han enfrentado cancelaciones y demoras en procedimientos, tratamientos y entrega de medicamentos, generando una percepción de vulnerabilidad en el acceso a la salud. Esta situación se replica, en diferente escala, en otros puntos del país, lo que ha motivado a la Superintendencia Nacional de Salud a incrementar la vigilancia e intervenir la entidad, aunque, de acuerdo a sus reportes, la resolución de las deudas y la normalización integral se vislumbran como procesos de mediano plazo.

En el marco regional, experiencias en países como Chile y Brasil han demostrado que la falta de regulación financiera adecuada y los sistemas fragmentados tienden a derivar en crisis similares, siendo necesaria la inyección de recursos públicos y reformas estructurales profundas para sostener la red asistencial. Estos antecedentes subrayan la necesidad de repensar el esquema colombiano de aseguramiento, marcado por la alta demanda, un financiamiento insuficiente y la dependencia de las EPS, para garantizar calidad, acceso y sostenibilidad a largo plazo. Lo vivido por la Clínica Avidanti y el Hospital San Félix es apenas la manifestación más visible de un desafío que, de no atenderse con urgencia y eficiencia, podría comprometer la salud de millones de ciudadanos.

Preguntas frecuentes relacionadas

La intervención de una Empresa Promotora de Salud (EPS) es una medida administrativa tomada por entidades estatales como la Superintendencia Nacional de Salud cuando existen riesgos graves para la prestación de servicios o el manejo financiero de la aseguradora. El objetivo principal es garantizar que la entidad continúe operando, permita el acceso a la salud de los afiliados y corrija las irregularidades que puedan poner en peligro tanto la estabilidad financiera como la calidad de la atención.

En el caso de la Nueva EPS, la intervención busca estabilizar sus operaciones, proteger a los usuarios y asegurar que los pagos a los prestadores no se detengan. Si bien estas medidas resultan necesarias ante crisis profundas, los procesos pueden ser lentos y requieren acciones coordinadas entre la entidad intervenida y las autoridades estatales para tener éxito y evitar la afectación masiva de servicios.

Los hospitales y clínicas dependen de los pagos de las EPS para financiar sus operaciones cotidianas, abastecerse de medicamentos, pagar al personal y mantener la infraestructura. Cuando las aseguradoras privadas acumulan deudas millonarias y retrasan los pagos, los prestadores deben tomar decisiones difíciles, como suspender servicios o priorizar recursos limitados para casos de urgencia.

Esta situación puede llevar a la suspensión de tratamientos, demoras en la programación de cirugías y en la entrega de medicamentos, afectando directamente la salud de los pacientes. Según el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), esta realidad, lamentablemente frecuente en Colombia, contribuye a la percepción pública de vulnerabilidad y debilitamiento del sistema de salud.