El proyecto ‘ley anticapuchos’ superó su prueba en el Congreso. La Comisión Primera de la Cámara lo aprobó con 20 votos a favor y dos en contra, tras un debate de reparos de la oposición. Ahora pasará a la Plenaria.
La iniciativa busca crear el delito de “acto vandálico” para castigar a quienes oculten su identidad durante una manifestación y cometan actos vandálicos. El articulado contempla penas de 54 a 96 meses de prisión y multas de 50 a 200 salarios mínimos.
El proyecto establece agravantes. “Además, la pena aumenta entre la mitad y dos terceras partes cuando se utilicen elementos peligrosos o cuando el ataque afecte lugares especialmente protegidos, como colegios, hospitales, organismos de socorro, bienes culturales o servicios públicos esenciales”, señala el articulado.
Julio César Triana, representante de Cambio Radical y uno de los autores, aclaró que la propuesta no busca prohibir las capuchas en las marchas. La sanción se aplicaría a quienes usen ese elemento para cometer actos vandálicos, no a quienes cubran su rostro durante una protesta pacífica.
Triana afirmó que comerciantes y propietarios afectados por daños podrían beneficiarse, pues las autoridades adelantarían las actuaciones sin que las víctimas tengan que presentar una denuncia.
Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático y coautor del proyecto, defendió las movilizaciones sin violencia ni capuchas. Al respecto, el congresista aseguró haber participado y liderado marchas pacíficas en las que no necesitó recurrir a esos elementos.
Desde el petrismo cuestionaron la iniciativa por considerar que podría ir en contra de la Constitución. Sus representantes recordaron que, según la Corte, cubrirse el rostro con una capucha no constituye por sí solo un delito. Algunos congresistas dijeron haber marchado con el rostro cubierto e incluso exhibieron capuchas durante el debate.
La oposición presentó una ponencia para archivar el proyecto, respaldada por 15 congresistas. Sin embargo, 21 votaron en contra de esa propuesta y permitieron que siguiera la discusión del articulado.
Además de las sanciones por actos vandálicos, el texto plantea penas de 54 a 96 meses de cárcel, multas de 50 a 200 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer cargos públicos a quienes obstruyan vías y afecten el orden público. El proyecto deberá superar ahora su segundo debate en la Plenaria de la Cámara.
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