Escrito por:  Redacción Nación
Jun 22, 2026 - 12:12 pm

El proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad comenzó con una escena que refleja la incertidumbre que viven sus trabajadores. Varios funcionarios denunciaron que este lunes llegaron a cumplir con su jornada laboral, pero les fue impedido el ingreso a las instalaciones de la entidad, presuntamente por una orden de la Secretaría General.

Los funcionarios permanecieron durante varias horas a las afueras del edificio, ubicado en el centro de Bogotá, sin poder ingresar a sus oficinas y sin una explicación oficial sobre la situación. Hasta el momento, el Ministerio de la Igualdad no ha emitido un pronunciamiento sobre lo ocurrido.

Según versiones conocidas por los trabajadores, la restricción habría sido impartida por la secretaria general, Lida Rodríguez Gutiérrez. Sin embargo, varios funcionarios aseguran que todavía no existe un decreto formal de liquidación que establezca el procedimiento para el cierre definitivo de la cartera ni las condiciones laborales de quienes hacen parte de ella.

El episodio ocurre apenas dos días después de que, el pasado 20 de junio, venciera el plazo fijado tras la decisión de la Corte Constitucional que dejó sin efectos la ley mediante la cual fue creado el Ministerio de la Igualdad.

La alta corte había determinado que la norma presentaba un vicio de trámite relacionado con la falta del concepto sobre el impacto fiscal, por lo que el Gobierno tenía un plazo para corregir ese problema mediante una nueva ley. Sin embargo, el Ejecutivo no logró reunir las mayorías necesarias en el Congreso para mantener con vida la entidad.

Mientras tanto, el proceso de liquidación sigue rodeado de incertidumbre. Los cerca de 580 trabajadores desconocen qué ocurrirá con sus cargos, quién será el agente liquidador y cuáles serán las condiciones bajo las cuales continuará el proceso administrativo.

De hecho, el viernes pasado representantes de la Procuraduría General de la Nación sostuvieron reuniones con sindicatos y funcionarios del Ministerio para abordar las preocupaciones laborales. Pese a esos encuentros, los empleados aseguran que siguen sin recibir respuestas claras sobre su futuro.

Entre las alternativas que se habían planteado estaba la posibilidad de reubicar parte del personal en el Departamento de Prosperidad Social (DPS). No obstante, distintas fuentes señalaron que esa opción, por ahora, no sería viable.

La falta de una hoja de ruta también ha generado preocupación porque aún no se conoce el decreto que formalice la liquidación ni la designación del funcionario encargado de liderar ese proceso.

Fuentes del Gobierno han indicado que el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) trabaja en los decretos que definirán el cierre de la entidad y la redistribución de sus funciones. La mayoría de ellas pasarían al Ministerio del Interior y al Departamento de Prosperidad Social.

Los asuntos relacionados con mujeres, población LGBTI y barrismo social quedarían bajo la órbita del Ministerio del Interior, mientras que programas dirigidos a personas con discapacidad, habitantes de calle y otras poblaciones vulnerables serían trasladados al DPS.

Por ahora, la imagen de decenas de funcionarios esperando afuera del edificio sin poder ingresar resume el incierto comienzo de la desaparición de una de las principales apuestas institucionales del gobierno de Gustavo Petro.

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