“No va más”: se confirma decisión que impacta a Francia Márquez y a Gustavo Petro

Ante la alarmante cuenta regresiva, la cartera activó un cronograma interno detallado para organizar el cierre de sus actividades, la entrega de documentos, bienes institucionales y funciones. La medida impacta directamente a cerca de 580 trabajadores y siembra dudas sobre el futuro de los programas que atienden a las poblaciones más vulnerables del país.

De acuerdo con una circular interna de la entidad, el Ministerio puso en marcha una estricta hoja de ruta para que todas sus dependencias adelanten las tareas de empalme, inventario y liquidación preventiva. El calendario establecido para el desmonte operativo se ejecutará de la siguiente manera:

• 17 de junio: Será el último día para que todas las áreas del Ministerio culminen sus actividades principales, dejen listos los reportes de gestión requeridos y redacten los actos administrativos para trasladar sus programas a otras carteras.

• 18 de junio: Se llevará a cabo la consolidación interna de la información estratégica y la reorganización de las áreas.

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• 19 de junio: Se realizará la entrega formal de los bienes institucionales, equipos tecnológicos y la expedición de paz y salvos de los funcionarios.

• 20 de junio: Es el “Día D”. Vence el plazo definitivo fijado por la Corte Constitucional. Si para esta fecha no se han corregido los errores de su creación, la entidad quedará jurídicamente suprimida.

La crisis institucional de la cartera nació luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que le dio vida jurídica. El alto tribunal identificó graves vicios en el trámite legislativo dentro del Congreso, relacionados específicamente con la falta de un aval fiscal sólido.

El aval fiscal es el requisito obligatorio que demuestra si una iniciativa pública cuenta con el respaldo financiero real del Estado y si sus costos fueron evaluados con rigurosidad. Al no haberse cumplido este paso, la Corte dejó al Ministerio sin piso legal, otorgando un plazo condicional para corregir el rumbo que hoy está a punto de vencerse. Aunque el presidente Petro ordenó buscar alternativas políticas para salvarlo, el margen de maniobra en el legislativo se redujo a cero.

El punto más sensible de esta supresión es el impacto humano y social. Para evitar que las transferencias y proyectos dirigidos a mujeres, jóvenes, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, campesinos y personas con discapacidad se frenen en seco, el Gobierno planea un traslado masivo de funciones.

Las competencias del Ministerio de la Igualdad serían absorbidas por los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, además del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Por el lado laboral, la incertidumbre es total. Las organizaciones sindicales han puesto el grito en el cielo al advertir que no hay claridad sobre qué pasará con los cerca de 580 trabajadores que integran la planta. No se conocen mecanismos de reubicación o indemnización claros, por lo que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ya prepara un escudo legal para contener la gigantesca ola de demandas y reclamaciones laborales que se avecina si el liquidador asume el control total el próximo 20 de junio.