Escrito por:  Redacción Nación
Sep 11, 2025 - 6:34 pm

El mandatario avivó la controversia en torno a Canal 1 al insistir, a través de un mensaje en X, en la necesidad de abrir una licitación para su concesión, afirmando que “llegó al final el contrato” y que “es la ley”. 

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Esta declaración llega en medio de una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra Caracol Radio y Canal 1 por una presunta integración empresarial no notificada, lo que ha desatado acusaciones de “persecución” por parte del concesionario Plural Comunicaciones. 

Petro, por su parte, defiende que el canal debe ser un espacio para “las juventudes, el arte y la cultura”, libre de la influencia de grandes grupos económicos.

En su publicación en X, Petro afirmó: “Llegó al final el contrato de Canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”. Sin embargo, Plural Comunicaciones, que opera el canal, sostiene que la concesión está vigente hasta 2037, no hasta 2027 como asegura el presidente. 

Petro propone transformar Canal 1 en un medio enfocado en contenidos culturales y juveniles, alejado de lo que califica como el control de “grandes grupos económicos”.

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Investigación de la SIC a Canal 1

La SIC anunció el miércoles 11 de septiembre una investigación contra Caracol Radio y Canal 1 por una presunta integración empresarial no reportada, que habría permitido a la emisora controlar aspectos clave como la programación y la pauta publicitaria del canal.

Según la entidad, los contratos firmados entre ambas compañías, que involucran a directivos de alto nivel, constituyen una práctica restrictiva de la competencia. La investigación comenzó con visitas administrativas y recolección de evidencia, y podría derivar en sanciones económicas o la reversión de los acuerdos.

Plural Comunicaciones rechazó los cargos, asegurando que notificó los acuerdos en septiembre de 2024 y que no superan el 20% de participación en el mercado, lo que no requeriría autorización previa.

En un comunicado, la empresa calificó la investigación como un “grave atentado contra la libertad de prensa” y una “persecución sistemática” del Gobierno Petro. 

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