Escrito por:  Redacción Nación
Feb 6, 2024 - 12:54 pm

Francisco Barbosa está en el centro de varias controversias en Colombia, por sus sonadas disputas con el presidente Gustavo Petro y los alegatos del mandatario que desde la Fiscalía se estaría gestando un golpe de Estado.

(Vea también: ¿Hay ruptura institucional? Teorías conspirativas de Petro y Barbosa estremecen al país)

Después de que Petro afirmara en varios idiomas que hay un quiebre institucional que se estaría produciendo, con eje en el ente acusador, el fiscal Barbosa ha soltado, también, investigaciones que afectarían al Gobierno. 

Si bien el fiscal emprendió varias luchas contra el crimen en Colombia y alcanzó logros relevantes en su gestión, como la captura de alias ‘Otoniel‘ y la imputación de cargos a 33 personas que trabajan en la ANI y que habrían estado ligadas al caso Odebrecht, quiso darle cierre a su paso por la Fiscalía de una manera singular, pero que fue tomado por muchos como un acto de egocentrismo.

La Silla Vacía recibió denuncias desde 5 seccionales del ente acusador, en donde aparecieron instaladas placas en las que el fiscal presume de sus méritos en el cargo, aunque se trate de un posible uso indebido de los recursos públicos.

La polémica surge por una aparente falta de justificación para el mencionado reconocimiento y una posible violación de normativas legales, pues están prohibidas esas placas conmemorativas en obras públicas que implican la participación de funcionarios en ejercicio, según el decreto 2759 de 1997 de la Presidencia de la República, firmado por el entonces mandatario Ernesto Samper, y en el que el expresidente Iván Duque también cayó cuando quiso instalar una placa conmemorativa con su nombre, en el túnel de La Línea.

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Las placas destacan la gestión del fiscal Barbosa en cuanto a la construcción y adecuación de esas seccionales de la Fiscalía, aunque no en todos los casos se trate de un hecho verídico, según el medio citado anteriormente. Las denuncias indican que esas placas resultan “engañosas”, pues en algunos casos no hubo adecuaciones de las instalaciones, sino simplemente cambios de sede a edificios arrendados o en los que se pasó de una oficina a otra, porque el agua se filtraba en las instalaciones.

La Fiscalía ha respondido que el decreto 2759 de 1997 no se aplica a entidades de la Rama Judicial, como es el caso de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, críticos señalan que el decreto no hace excepciones y que la Rama Ejecutiva está encargada de hacer cumplir la prohibición.

De hecho, el congresista Cristian Avendaño informó que demandará al fiscal Barbosa por la instalación de esas placas:

El medio que publicó el informe comentó que no existe registro de la compra de esas placas en las bases de datos de la Fiscalía General ni en el Sigep, lo que plantea dudas sobre cómo se presupuestaron y adquirieron.

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