Desde que el Gobierno optó por desacatar la decisión de la Procuraduría de suspender al canciller Álvaro Leyva y que él siguiera firmando decretos, la estabilidad del país comenzó a ponerse en riesgo. Más allá de si la decisión tiene fundamentos o no, las diferencias entre Petro y la procuradora Margarita Cabello no pueden llevar a irrespetar las decisiones que se toman en las instituciones, que al final son la base de cualquier democracia.
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El presidente Gustavo Petro también ha reaccionado a la investigación de la Fiscalía sobre los supuestos aportes de 500 millones de pesos de Fecode a su campaña y ha dicho, a manera de teoría conspirativa, que todos estos procesos estarían encaminados a sacarlo del poder a través de la Comisión de Acusaciones, lo que ha calificado como una “ruptura institucional”.
Dicha versión, que hasta Petro compartió en varios idiomas, pone de manifiesto que hay funcionarios en el Gobierno que desacatan la decisión de los entes de control. Por supuesto que tienen derecho a defenderse, pero no puede pasar que desobedezcan a las instituciones, como si fueran perseguidos políticos. Esta afirmación debe ser corroborada por la justicia y darle la razón a quien corresponda.
En concreto, Petro se queja por estos dos procesos y ha dicho abiertamente que la Fiscalía lo investiga, aún cuando por ley no tiene las facultades para hacerlo; sin embargo, eso no la excluye de indagar sobre alguna irregularidad de los miembros del Gobierno o de la campaña, como en este caso se ha llevado a cabo. Si se encuentra algún indicio de culpabilidad del presidente, este será remitido al único órgano competente: la Comisión de Acusaciones.
Y es que parece que Petro ha vuelto a utilizar una estrategia, tal y como lo indica el periodista Gustavo Gómez, quien recordó que cuando fue alcalde de Bogotá casó una pelea con el procurador de ese entonces Alejandro Ordóñez, que lo suspendió por el contrato de basuras que hizo. Ahora, el mandatario busca otro chivo expiatorio con la Fiscalía.
Toda esta discusión, enmarcada en un discurso de “ruptura institucional”, se ha desatado en gran parte por la pelea entre Petro y Barbosa,
un conflicto que ya pasó los límites del respeto entre funcionarios del nivel
de un presidente y un fiscal general.. En los señalamientos entre ambos se han dicho de todo: desde compararse con Pablo Escobar, hasta creerse uno el jefe del otro. Al final, el que termina perdiendo es el país, porque construyen teorías conspirativas sin el mínimo cuidado por mantener la democracia.
Precisamente, Petro ahora ha invitado a la “revolución social” para defender el “voto popular” y Fecode ha convocado a marchas para este jueves 8 de febrero, las cuales se harán para apoyar al presidente, en un intento que puede terminar mal sino se tiene un control del ambiente enrarecido en el que se encuentra el país.
Así las cosas, lo que debe prevalecer acá es el interés superior por Colombia, más allá de las vanidades personales de los involucrados, a los que parece no importarles incendiar al país en una división irrisoria que ya completa años y de la que no hemos sacado nada bueno.
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