Escrito por:  Redacción Nación
Nov 18, 2026 - 4:25 am

La publicación de encuestas de intención de voto en Colombia tendrá menos restricciones después de que la Corte Constitucional examinara varias disposiciones de la Ley 2494 de 2025, norma que establece las condiciones para elaborar y divulgar estudios de opinión con fines electorales.

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Según informó Blu Radio, a través de la Sentencia C-168 de 2026, el alto tribunal declaró inconstitucionales dos obligaciones que debían cumplir las firmas encuestadoras. Una de ellas limitaba el periodo en el que podían divulgarse mediciones sobre las preferencias de los ciudadanos, mientras que la otra exigía entregar información que podía permitir la identificación de las personas consultadas.

El fallo representa un cambio en las condiciones bajo las cuales se realizan estos estudios, especialmente durante las etapas previas a las elecciones. La Corte consideró que las disposiciones cuestionadas afectaban derechos como el acceso a la información y la protección de los datos personales.

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La decisión también reabrió la discusión sobre el equilibrio entre la vigilancia de las encuestas y las garantías para quienes participan en ellas. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) conserva sus facultades para revisar la calidad de estos estudios, ya no podrá exigir los datos personales que fueron objeto del pronunciamiento.

¿Qué restricciones eliminó la Corte Constitucional a las encuestas electorales?

La primera disposición que salió de la ley impedía realizar mediciones de intención de voto antes de los tres meses previos al inicio de la inscripción de candidatos. En la práctica, esto dejaba un periodo considerable del calendario preelectoral sin la posibilidad de divulgar este tipo de sondeos.

Para la Corte, esa limitación afectaba el derecho de los ciudadanos a conocer información sobre las preferencias políticas. El tribunal consideró que mantener un silencio tan prolongado podía dificultar el seguimiento de la opinión pública y abrir espacio a rumores o cifras sin respaldo estadístico.

En la sentencia, el alto tribunal cuestionó que la restricción comenzara mucho antes de las votaciones. A su juicio, las limitaciones a la difusión de encuestas tienen mayor justificación cuando se acerca la jornada electoral, pues buscan evitar que los resultados influyan en la reflexión final de los votantes.

Por eso, planteó que los posibles efectos de estos estudios deben enfrentarse con más información, rigor metodológico y diversidad de fuentes, en lugar de impedir su circulación durante buena parte de la etapa preelectoral.

¿Por qué las encuestadoras ya no tendrán que entregar los teléfonos de los participantes?

El segundo cambio tiene que ver con la información personal de quienes responden las encuestas. La Ley 2494 de 2025 exigía a las firmas entregar al CNE los números telefónicos de las personas contactadas, además de un código computacional que permitiera reproducir el procedimiento de selección de los participantes en las muestras de hogares.

La Corte concluyó que el organismo electoral podía verificar la calidad de los estudios sin conocer la identidad de quienes expresaron sus preferencias políticas. Según el análisis del tribunal, relacionar los datos personales con las respuestas podía afectar la expectativa de anonimato de los encuestados.

Este punto tuvo especial importancia porque las opiniones políticas son consideradas datos sensibles y cuentan con protección constitucional. El tribunal advirtió que la posibilidad de identificar a una persona y conocer al mismo tiempo su posición electoral podía comprometer esa garantía.

Además, consideró que los números telefónicos aportaban poco a la confiabilidad de las mediciones y que las auditorías podían adelantarse con información anonimizada y otros soportes técnicos. Por esa razón, la obligación de entregar esos datos también fue declarada inconstitucional.

¿Qué controles del CNE siguen vigentes para las encuestas?

La decisión no significa que las firmas puedan publicar estudios sin cumplir requisitos ni que el CNE pierda su capacidad de supervisión. El organismo mantiene sus facultades para vigilar la calidad y transparencia de las encuestas electorales.

También continúan vigentes las exigencias técnicas contempladas en la ley, entre ellas la entrega del código utilizado para procesar la información y calcular los resultados. La diferencia está en que las empresas ya no tendrán que suministrar los números telefónicos de los participantes ni el código destinado a reproducir la selección de las personas encuestadas en muestras de hogares.

De esta manera, la Corte mantuvo la posibilidad de revisar los procedimientos estadísticos sin que esa labor implique conocer la identidad de quienes respondieron o asociar sus datos personales con sus opiniones políticas.

Hubo desacuerdo entre magistrados por la eliminación de estas obligaciones

La decisión tuvo una posición disidente parcial. El magistrado Vladimir Fernández consideró que debían conservarse las exigencias relacionadas con los teléfonos de los encuestados y el código para reproducir la selección de la muestra.

Su argumento fue que esos elementos permitían comprobar si el método anunciado por las encuestadoras coincidía con el aplicado durante el trabajo de campo. También advirtió que la información anonimizada y el código de procesamiento no necesariamente permitirían detectar situaciones como duplicidades o sustituciones de participantes.

Fernández sostuvo que la entrega de esos datos al CNE podía estar respaldada por las normas de protección de información personal, siempre que el organismo garantizara su reserva y confidencialidad.

Por su parte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar presentó una aclaración de voto. Aunque acompañó la decisión de retirar las disposiciones demandadas, dejó constancia de precisiones frente a los argumentos expuestos por la mayoría del tribunal.

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