Por: Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas
La crisis del sistema de salud en Colombia se refleja en el deterioro financiero y operativo de toda la cadena de atención. EPS, IPS, proveedores y gestores
farmacéuticos enfrentan crecientes dificultades para mantener la prestación
adecuada de los servicios como resultado de una insuficiencia de recursos
inducida que ha trasladado la presión financiera a toda la cadena del sistema,
afectando directamente a los usuarios, la razón de ser del sistema de salud, y a
quienes el Gobierno afirma proteger.
Esta situación ha impactado progresivamente el funcionamiento del sistema y, en los últimos años, se ha traducido en un deterioro significativo en el acceso a los servicios. Las peticiones, quejas y reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud se multiplicaron 3,5 veces en ocho años, observando mayor deterioro en los últimos cuatro años, mientras que la deuda del sistema con clínicas, hospitales y proveedores creció 2,3 veces, reflejando un modelo en el que los recursos ya no alcanzan para garantizar las coberturas del plan de beneficios en condiciones de calidad y ello aumenta el endeudamiento del sector.
Los números lo confirman. La tasa de acciones de tutela por cada 1.000 afiliados ha crecido de forma sostenida, pasando de 1,08 en el año 2000 a 4,75 en 2024, siendo este último el año de mayor vulneración al derecho a la salud. Cerca del 80% de los casos se concentra en problemas básicos: falta de oportunidad en medicina general y especialistas, tiempos excesivos de espera y fallas en la entrega de medicamentos.
El lado de la oferta no es menos preocupante. Aunque la apertura y el cierre de
servicios responden a una dinámica natural en la prestación, la comparación entre 2024 y 2025 revela un aumento significativo de novedades en este último año, acompañado de un deterioro sustancial. Al consolidar los cierres temporales y definitivos, se registran 15.177 novedades, cifra que duplica la observada en 2024 y supera ampliamente la apertura de 12.698 servicios.
Frente a esa realidad, los usuarios responden como pueden. El aumento del gasto de bolsillo refleja una pérdida de confianza en el sistema: el incremento en la compra de planes voluntarios de salud, medicina prepagada, pólizas y planes complementarios así lo evidencia. Según la OMS, el gasto de bolsillo pasó de 15,8 % a 17,2 % entre 2019 y 2024, y en departamentos como Guaviare y Arauca superó ese umbral, lo que representa un empobrecimiento real de los hogares por razones de acceso a la salud. En paralelo, los ingresos por planes voluntarios crecieron de 2,5 billones de pesos en 2010 a 14,6 billones en 2025, con proyecciones que superan los 16 billones en 2026: quienes pueden pagar buscan protección adicional ante un sistema percibido como incierto.
A esto se suma una presión institucional acumulada. Las dificultades en el flujo de recursos han generado retrasos en pagos a los prestadores que han obligado a instituciones con amplia trayectoria a suspender servicios asociado principalmente a problemas financieros que les impiden sostener su operación. Nueva EPS están hoy bajo intervención forzosa por la Supersalud; de estas, cuatro tienen participación de Cajas de Compensación Familiar y concentran cerca de 16 millones de afiliados. La crisis también haya afectado a EPS no intervenidas, lo cual confirma que se trata de una falla estructural, con un origen multicausal que no responde necesariamente a problemas de eficiencia, como sostiene el Ministerio.
Con este contexto, el próximo gobierno deberá adoptar decisiones inaplazables. Entre ellas, cumplir las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la suficiencia de los recursos de la UPC y los presupuestos máximos, e inyectar recursos que permitan atender la carga acumulada de enfermedad y resolver los retrasos en la entrega de medicamentos. Estas acciones deberán desarrollarse mediante planes concretos, con metas y cronogramas claramente definidos.
Será necesario, también, tomar decisiones frente a las EPS intervenidas, cuya
capacidad operativa y financiera ha mostrado un deterioro progresivo que afecta el acceso de cerca de 20 millones de afiliados. De manera paralela, se deberá avanzar en un proceso de saneamiento y conciliación de pagos pendientes, a través de una estrategia similar a un ‘punto final’ que permita aclarar las cifras reales de la deuda, establecer las necesidades efectivas de recursos y definir mecanismos y plazos para su cumplimiento.
Avanzar en paralelo en las transformaciones estructurales del sistema para
cumplir con la premisa de que el usuario es el centro del sistema y por ello
fortalecer el modelo de atención y garantizar la sostenibilidad financiera y
operativa del sistema es inminente. Esa es la condición necesaria para asegurar la protección efectiva del derecho fundamental a la salud y brindar estabilidad institucional de largo plazo.
Informe médico de Kevin Acosta
El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.
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