La decisión que mantiene la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles marca un nuevo capítulo en el caso de Valeria Afanador, la niña que desapareció durante su jornada escolar en Cajicá, Cundinamarca, y cuyo cuerpo fue encontrado días después cerca del plantel. La segunda instancia confirmó la sanción impuesta por las autoridades departamentales y reiteró la responsabilidad administrativa de la institución educativa.
El proceso comenzó después de los hechos que rodearon la desaparición y muerte de la menor. El pasado 19 de junio la Dirección de Buen Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca expidió una resolución que declaró responsable administrativamente al colegio y ordenó cancelar su licencia de funcionamiento. Los abogados del establecimiento apelaron la medida, pero la decisión posterior mantuvo la sanción.
Uno de los puntos centrales de la investigación tiene que ver con los controles internos durante la jornada escolar. La resolución cuestionó que nadie advirtiera oportunamente que Valeria no había regresado al salón después del descanso. El documento señala: “De lo anterior se infiere que no operaron los controles necesarios para advertir que la menor no había retornado al aula de clases después del horario de descanso, para ver generado una actuación oportuna y salvaguardar su integridad”.
La investigación administrativa, adelantada por la Secretaría de Educación departamental, también examinó la ausencia de protocolos claros para responder ante una situación de este tipo. Las autoridades consideraron que la falta de procedimientos definidos afectó la capacidad de reacción del personal y retrasó una respuesta que resultaba determinante para proteger a la niña.
En la resolución, la Secretaría de Educación expuso además argumentos jurídicos sobre la sanción administrativa. “El despacho resalta que la tipicidad en el derecho administrativo sancionador no exige el mismo grado de determinación que caracteriza el derecho penal al respecto a la Corte Constitucional al pronunciarse sobre esta materia ha señalado en una reiterada y pacífica línea jurisprudencial”, señaló la decisión.
Otro apartado cuestionó la falta de coordinación institucional. Según el documento: “Protocolos previamente definidos con roles y tiempos precisos impidió una reacción institucional oportuna y materializó un riesgo que habría podido prever y atender oportunamente en el escenario en el que la inmediatez y el carácter coordinado de la respuesta resulta determinante”.
La sanción corresponde al ámbito administrativo y se fundamenta en las fallas identificadas durante la investigación. La decisión ratificada mantiene la cancelación de la licencia del colegio, mientras el caso de Valeria continúa marcado por los interrogantes sobre la vigilancia escolar, la prevención de riesgos y la rapidez de respuesta ante una desaparición dentro de una jornada académica.
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