Una profunda tormenta política y jurídica sacude por estos días los cimientos del poder legislativo y del Ejecutivo, luego de que se confirmara la caída del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2027. El proyecto, que contemplaba recursos cercanos a los 635 billones de pesos y que ya había superado las votaciones en las plenarias del Congreso de la República, quedó sin validez jurídica tras detectarse un grave vicio de trámite que dejó al descubierto fallas de rigor y descoordinación entre las carteras ministeriales y las mesas directivas del parlamento.
El origen del colapso presupuestal se centra en una inconsistencia detectada en el trámite del artículo 65 del proyecto. Según se estableció, una proposición modificatoria de dicho apartado fue incorporada al texto final como si contara con el aval de la Plenaria del Senado, pese a que nunca fue sometida a votación en esa corporación. Dado que la Cámara de Representantes había aprobado una versión divergente, el ordenamiento jurídico exigía adelantar un proceso de conciliación para unificar los textos antes de que venciera el plazo legal, procedimiento que se omitió por completo, según informó Semana.
Ante este panorama, las reacciones de los congresistas no se hicieron esperar, apuntando responsabilidades tanto al equipo jurídico del Ministerio de Hacienda como a la falta de rigurosidad de los ponentes. El representante liberal Octavio Cardona cuestionó severamente la labor jurídica gubernamental al señalar: “¿Dónde queda la responsabilidad de los abogados del MinHacienda? Se pierde el trabajo de Cámara y del Senado por falta de cuidado y rigor de funcionarios del Gobierno”.
Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa recriminó el manejo del trámite legislativo y advirtió sobre las deficiencias en el seguimiento de una iniciativa tan sensible para las finanzas estatales: “Es insólito lo sucedido con una ley importante como lo es PGN”, afirmó, añadiendo que el episodio evidencia fallas procedimentales graves, como el intento de otorgar competencias al Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante una ley temporal sin naturaleza orgánica, lo que resumió lapidariamente con la frase “todo mal”.
En la misma línea intervino el senador del partido de la U, Antonio Correa, quien criticó el afán gobiernista por entregar resultados apresurados: “Le dije al Gobierno, escuchen, debatamos, concertemos! Por correr a entregarle una victoria al gobernante, como si fuésemos un apéndice del Ejecutivo. Hicieron las cosas mal de fondo y de forma. El país necesita una reforma política seria donde los elegidos por el pueblo le cumplan al pueblo y no al del lapicero”.
Con este escenario de nulidad procedimental, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se enfrenta a la compleja tarea de expedir el presupuesto mediante decreto, replicando los montos aprobados en las comisiones económicas conjuntas o ajustándose a los márgenes legales permitidos. La crisis no solo sepulta semanas de intenso debate parlamentario, sino que reabre el debate nacional sobre la necesidad de blindar los controles jurídicos en el Congreso para evitar que errores de trámite pongan en jaque la gobernabilidad fiscal del país.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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