Un impactante despliegue de las autoridades sacudió el norte de Bogotá tras una denuncia ciudadana que alertó sobre un presunto caso de abuso sexual contra un menor en Usaquén. El hecho ocurrió en la carrera 19 con calle 106, donde unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia, junto con uniformados del cuadrante, ingresaron a un apartamento para verificar la situación y garantizar la protección de los residentes.
En el lugar, las autoridades encontraron a tres menores de edad, de 4, 7 y 15 años. De inmediato, fueron trasladados a un centro asistencial con el fin de realizarles una valoración médica y psicológica integral. Paralelamente, el señalado implicado fue detenido y trasladado al búnker de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica. El hombre fue identificado como Grant Gail, un ciudadano extranjero nacido en Texas, Estados Unidos, quien aparentemente forma parte de la familia que adelanta un proceso formal de adopción de los tres menores.
A pesar de la gravedad de la acusación inicial, el caso ha dado un giro significativo debido a los primeros peritajes científicos. Evaluaciones preliminares practicadas a los niños no evidenciaron hallazgos concluyentes que confirmen la agresión. De hecho, las valoraciones físicas y psicológicas iniciales arrojaron resultados negativos. Fuentes cercanas al proceso señalaron que todo apunta a que la situación se derivó de un teléfono roto, afirmando textualmente que “todo indica que es un malentendido”, según informó El Tiempo.
Esta hipótesis toma fuerza con las declaraciones de los propios involucrados. Gail, asistido por un traductor dentro del búnker, manifestó que su única intención era tranquilizar al niño tras una fuerte disputa con sus hermanos. El menor de edad respaldó plenamente este relato ante la Unidad Investigativa, explicando que se había puesto sumamente furioso por la disputa de un juguete y que el adulto simplemente estaba intentando calmar su rabieta en el apartamento, de acuerdo con el rotativo.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación hizo presencia en el sitio para coordinar con la Fiscalía, Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los menores quedaron bajo protección institucional preventiva mientras avanzan las verificaciones de Medicina Legal. Ante las quejas en redes sociales por una supuesta demora policial, fuentes oficiales aclararon que los uniformados actuaron bajo el estricto protocolo nacional establecido para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. El Icbf reiteró que el expediente se encuentra bajo estricta reserva legal, según el informe periodístico.
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