En un operativo relámpago que duró menos de 72 horas, las autoridades lograron propinar un golpe certero a la criminalidad en Cúcuta. La Policía Metropolitana, en un trabajo articulado con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Sijín, capturó a tres personas señaladas de participar directamente en el asesinato del reconocido periodista judicial Cristian Herrera, ocurrido el pasado sábado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental.
El crimen, que estremeció al país, se perpetró cuando el comunicador se dirigía a su lugar de residencia y fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. Desde el primer instante, la Gobernación de Norte de Santander rechazó de forma vehemente el ataque y prometió no descansar hasta presentar resultados. La presión social y un despliegue institucional sin precedentes dieron sus frutos este martes 9 de junio con la ubicación de los sospechosos en una vivienda cercana a la terminal de transportes de la capital nortesantandereana.
La caída del presunto autor material del homicidio dejó al descubierto las artimañas que utilizan los criminales para intentar burlar la justicia. Según reveló el comandante de la Policía de Cúcuta a Noticias Caracol, el señalado sicario, plenamente consciente de que las cámaras de seguridad de la zona residencial lo habían registrado, tomó la decisión de cubrirse un llamativo tatuaje que lucía en uno de sus brazos para modificar su apariencia y desviar el rastro de los investigadores.
Sin embargo, el truco no le sirvió de mucho. El equipo especial de inteligencia ya le venía siguiendo los pasos gracias al análisis milimétrico de más de 400 horas de grabaciones de seguridad y al seguimiento constante de cuatro inmuebles sospechosos. Para colmo de su historial, se conoció que este sujeto ya tenía antecedentes judiciales y había sido capturado por el delito de microtráfico el pasado 15 de mayo, quedando en libertad pocos días después. Las autoridades confirmaron que el detenido formaba parte de una banda delincuencial local conocida en la frontera como la ‘Familia P’.
Junto al presunto ejecutor del disparo cayeron un hombre y una mujer, quienes presuntamente cumplían funciones clave de logística, transporte y ocultamiento antes y después del atentado. Durante el allanamiento a la vivienda, las autoridades incautaron un arsenal de movilidad que habría sido utilizado para el plan criminal, compuesto por cuatro motocicletas, un vehículo tipo taxi y tres teléfonos celulares que ya están siendo sometidos a peritajes forenses para extraer información.
Una pieza fundamental para acelerar este proceso judicial fue la colaboración de la ciudadanía. La oferta pública de una recompensa de hasta 100 millones de pesos por parte de las autoridades locales motivó la llegada de información externa sumamente veraz y oportuna que terminó por sepultar el escondite de la banda. Los tres procesados ya se encuentran a disposición de un juez penal de control de garantías, ante quien la Fiscalía les imputará formalmente los cargos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
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