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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Oct 6, 2026 - 5:36 am

El caso de la muerte de Yenifer García, registrada en Bogotá tras una sesión de tatuaje a domicilio, dio un giro definitivo luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitiera su dictamen pericial definitivo sobre las causas del fallecimiento. De acuerdo con el organismo forense, la manera de muerte fue clasificada formalmente como violenta, en un contexto de homicidio, tras confirmarse la presencia de un cóctel de sustancias fuertemente depresoras del sistema nervioso central.

El informe técnico detalla que el deceso estuvo vinculado directamente con la administración concomitante de fentanilo, ketamina y midazolam. Estas sustancias, altamente reguladas y de uso exclusivo hospitalario, fueron suministradas a la víctima durante el procedimiento estético sin las debidas precauciones clínicas. Según los peritos forenses, no se contó con una valoración médica previa, una dosificación controlada, monitorización de signos vitales ni con los equipos médicos necesarios para responder ante una eventual depresión respiratoria o falla cardiovascular.

Ante estos hallazgos, la familia y distintos sectores políticos han exigido respuestas claras a las autoridades judiciales sobre el avance de las indagaciones. En el centro de la polémica se encuentra la persona que le practicaba el tatuaje a domicilio y quien habría suministrado los fármacos, un individuo que en su momento fue capturado en flagrancia pero que posteriormente quedó en libertad, generando profundos interrogantes e indignación entre los allegados de la víctima.

Por su parte, el ente investigador recordó que el informe pericial responde estrictamente a la información científica y toxicológica disponible hasta el momento. No obstante, las autoridades judiciales aclararon que los hallazgos forenses podrán ser complementados, evaluados e interpretados de acuerdo con nuevos elementos probatorios o testimonios que sean aportados en el transcurso del proceso.

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La investigación penal continúa abierta y en curso con el fin de esclarecer con total precisión las circunstancias exactas en las que se produjo el deceso de García, determinar las responsabilidades individuales o colectivas que puedan derivarse del caso, y establecer si existieron redes de suministro ilegal de medicamentos anestésicos que operaban al margen de la ley en la capital del país. Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad relacionada con procedimientos estéticos realizados fuera de entornos clínicos autorizados.

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