Más de una década después del feminicidio de Rosa Elvira Cely, su familia continúa esperando el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la justicia. La controversia vuelve a poner en el centro las fallas institucionales que rodearon la atención de la mujer tras el brutal ataque que sufrió en Bogotá en 2012.
La denuncia fue planteada públicamente por el equipo de defensa de la familia, que cuestiona que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., entidad a cargo del entonces Hospital Santa Clara, todavía no haya concretado la reparación económica y las medidas ordenadas dentro del proceso judicial.
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El caso tiene como antecedente una sentencia del Juzgado 37 Administrativo de Bogotá, que declaró la responsabilidad administrativa y extracontractual de varias entidades por los hechos que terminaron con la muerte de Cely. La decisión posteriormente dio paso a un acuerdo conciliatorio.
Rosa Elvira Cely fue víctima de secuestro, violencia sexual y tortura en mayo de 2012. Tras el ataque, fue trasladada a un centro hospitalario de Bogotá, donde, de acuerdo con las decisiones judiciales y los antecedentes del caso, se presentaron fallas en la atención médica.
El proceso judicial analizó no solamente el crimen cometido contra Cely, sino también las actuaciones posteriores de diferentes instituciones y las consecuencias que tuvieron para la víctima y su familia.
En el caso de la atención hospitalaria, la justicia encontró responsabilidad relacionada con la prestación del servicio de salud. La sentencia del Juzgado 37 Administrativo ordenó una reparación que incluyó perjuicios materiales, morales y daños a la salud, además de un programa de atención psicosocial especializado para los familiares que lo aceptaran.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca también ha mantenido pronunciamientos relacionados con las fallas en la atención que recibió Cely. En una decisión citada por Semana, se cuestionó que la víctima no hubiera recibido oportunamente la atención médica y psicológica requerida como víctima de violencia sexual.
Después de la sentencia de primera instancia, el Distrito y la parte demandante avanzaron en una fórmula de conciliación. La Resolución 673 del 27 de diciembre de 2023 fue expedida por la Secretaría Jurídica Distrital para adoptar las medidas administrativas necesarias para cumplir el acuerdo conciliatorio aprobado por el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá.
El documento oficial establece que la conciliación fue aprobada judicialmente el 6 de diciembre de 2023 y que tanto la Secretaría Distrital de Salud como la Subred Centro Oriente debían cumplir las obligaciones acordadas una vez quedaran en firme.
Además, la propia resolución contempla que, si alguno de los pagos se realiza después del plazo establecido, se generan intereses moratorios a partir del día siguiente al vencimiento del término pactado, de acuerdo con el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
La familia de Rosa Elvira Cely asegura que el pago sigue pendiente
De acuerdo con la denuncia divulgada por dhColombia, pese al acuerdo alcanzado, la familia de Cely continúa esperando el cumplimiento de la reparación. El reclamo también contempla las medidas de atención psicosocial que hacen parte de la reparación integral.
La defensa sostiene que el incumplimiento resulta especialmente preocupante debido a que se trata de un caso que marcó la discusión pública sobre la violencia contra las mujeres y las obligaciones de las instituciones frente a las víctimas.
“Esto no es justo con la familia de Rosa Elvira Cely, ni es el mensaje que se le debe transmitir a las mujeres de la ciudad”, señaló el equipo de defensa, según la información divulgada.
Consultada sobre el caso, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente explicó que atravesó un periodo de intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
Según la entidad, durante ese periodo la administración estuvo sometida a las decisiones propias de la intervención y, una vez finalizada, se encontró con un importante volumen de obligaciones financieras pendientes.
La Subred afirmó que desde entonces ha trabajado en la identificación y priorización de las obligaciones judiciales, además de la búsqueda de recursos para atenderlas de acuerdo con sus posibilidades presupuestales y financieras.
Sobre el caso específico de la familia Cely, aseguró que sí está contemplado dentro de las obligaciones que deben ser atendidas y que la actual administración ha realizado gestiones administrativas y financieras para procurar el pago durante el segundo semestre de 2026.
La entidad también indicó que se han desarrollado mesas de trabajo con la familia para revisar las condiciones de pago y que, según su versión, se han registrado avances.
Uno de los principales obstáculos en las conversaciones actuales estaría relacionado con el cálculo de la obligación. Según la información divulgada por El Tiempo y retomada en la denuncia de dhColombia, las partes han mantenido conversaciones para definir el pago, pero existen diferencias respecto al monto y, particularmente, sobre los intereses moratorios derivados del retraso.
La Resolución 673 de 2023 establece expresamente que los pagos realizados después de los plazos acordados generan intereses moratorios. En ese contexto, las discusiones entre la familia y la Subred continúan mientras se busca establecer la liquidación definitiva de la obligación.
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El caso de Cely trascendió el ámbito judicial y se convirtió en uno de los referentes de la lucha contra la violencia de género en Colombia. Su nombre dio origen a la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, que creó el feminicidio como delito autónomo.
En mayo de 2024, el Distrito realizó un acto público de reconocimiento y pidió perdón a los familiares por las fallas institucionales relacionadas con la atención que recibió. En ese momento, la Alcaldía reconoció públicamente la responsabilidad institucional asociada a las deficiencias en la prestación del servicio de salud. Ahora, la familia sostiene que el reconocimiento debe ir acompañado del cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.
Mientras continúan las conversaciones entre las partes, el reclamo permanece abierto: la familia espera que la reparación ordenada por los jueces finalmente se concrete, más de 13 años después de la muerte de Rosa Elvira Cely.
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