Escrito por:  Redacción Bogotá
Oct 28, 2026 - 7:31 pm

Una jueza de Bogotá fue capturada por su presunta participación en un acuerdo para dejar en libertad a un ciudadano neerlandés requerido en extradición por narcotráfico. Según la Fiscalía General de la Nación, la negociación habría alcanzado los 1.200 millones de pesos y también involucraría a un funcionario del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao y a una abogada.

La funcionaria judicial fue identificada como Myriam Alcira Martínez. De acuerdo con el ente acusador, el caso se originó en junio de 2026, cuando llegó a su despacho una solicitud de libertad mediante la figura jurídica del hábeas corpus, presentada en favor de Jozef Marcus Hendrika Van der Voort.

El ciudadano de Países Bajos era requerido con fines de extradición por delitos relacionados con narcotráfico. La Fiscalía investiga si la jueza, el funcionario judicial Waldo Garavito Mejía y la abogada Emperatriz Herrera Cuenca coordinaron sus actuaciones para conseguir que el extranjero recuperara la libertad.

Así habría funcionado el presunto acuerdo

Según la investigación, el 4 de junio la abogada habría acudido al despacho de Martínez para concretar el acuerdo. Ese mismo día, presuntamente, se entregaron 600 millones de pesos en efectivo, equivalentes a la mitad del monto que se habría pactado.

La Fiscalía sostuvo que la jueza no tenía competencia para resolver la solicitud de hábeas corpus. Pese a ello, habría emitido una decisión favorable al extranjero, que posteriormente fue revocada por otro funcionario judicial el 18 de junio.

Con esa revocatoria, Van der Voort continuó privado de la libertad mientras avanzaban los trámites relacionados con su extradición. La investigación busca establecer las responsabilidades individuales de los tres capturados en el presunto entramado.

¿Qué cargos enfrenta la jueza capturada?

Las capturas de Martínez, Garavito Mejía y Herrera Cuenca se efectuaron el martes 27 de octubre en Bogotá y Cota, Cundinamarca, por servidores de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Después de las audiencias preliminares, un juez legalizó las capturas. Además, una fiscal de la Dirección contra la Corrupción imputó a Martínez el delito de prevaricato por acción, relacionado con la presunta emisión de una decisión contraria a la ley.

La Fiscalía indicó que los elementos recopilados permiten inferir su posible participación en los hechos investigados. Sin embargo, esa imputación no equivale a una condena.

El caso pone bajo investigación una presunta maniobra de corrupción dentro de la administración de justicia, en la que se habría intentado interferir en el proceso de extradición de un ciudadano requerido por narcotráfico.

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