Escrito por:  Redacción Nación
Jul 23, 2026 - 7:34 am

La exsenadora Paloma Valencia criticó el Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, al asegurar que representa un riesgo para la propiedad privada y excede las facultades otorgadas por la ley.

Según la excongresista, la norma permite a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) cancelar gravámenes y tomar posesión inmediata de predios mediante procedimientos administrativos, lo que, a su juicio, vulnera el Estatuto Registral y la Constitución.

Valencia también cuestionó el proceso de expedición del decreto, señalando que el Gobierno abrió un corto periodo de comentarios públicos entre el 2 y el 8 de julio y firmó la norma el 15 de julio con ministros encargados.

Sostuvo que el decreto sería declarado ilegal por el Consejo de Estado, aunque advirtió que antes podría generar afectaciones difíciles de revertir en la propiedad de la tierra.

La exsenadora afirmó que la medida perjudicaría especialmente a pequeños y medianos productores, pues un registro asociado a utilidad pública o reforma agraria dificultaría el acceso a créditos y reduciría el valor de sus predios.

Además, aseguró que eliminar gravámenes y otros registros por vía administrativa obligaría a los propietarios a acudir a largos procesos judiciales para reclamar indemnizaciones.

Finalmente, defendió que una reforma agraria debe realizarse con seguridad jurídica, transparencia y respeto por el Estado de derecho.

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