Así como se anunció una medida con el precio de la gasolina en septiembre, el Gobierno Nacional puso el dedo en la llaga en uno de los temas delicados sobre miles de trabajadores en el país.
Luego de finalizar una sesión de Consejo de Ministros superior a siete horas en Barranquilla, el mandatario Abelardo de la Espriella ordenó auditar globalmente los contratos y la arquitectura del sector público.
El propósito principal busca detectar acaparamiento de convenios, sobrecostos, intermediaciones innecesarias y conductas comerciales que limiten la libre competencia en los procesos estatales.
Para lograrlo, el gobernante impartió órdenes directas a ministros, directores de departamentos y jefes institucionales para verificar, “ministerio por ministerio, entidad por entidad y empresa por empresa”, la distribución del presupuesto público.
Una de las iniciativas centrales contempla elaborar un mapa de concentración contractual. El instrumento precisará quiénes contratan repetidamente, las sumas otorgadas, las formas de selección aplicadas y los resultados obtenidos.
El jefe de Estado focalizó su vigilancia en los servicios profesionales, asesores jurídicos, auditorías, interventorías, consultorías, supervisores y convenios para eventos, producción y logística, conocidos como BTL.
“Hay que romper la rosca”, aseveró el gobernante al rechazar beneficios exclusivos. Enfatizó que cada adjudicación debe fundamentarse en necesidad real, aptitud, tarifas justas, rendimiento e impecable apego legal.
Paralelamente, propuso convocar concursos públicos y transparentes para elegir abogados externos, liquidadores y consultores siempre que la norma lo permita. La intención persigue impedir monopolios prolongados en bufetes específicos.
El plan de supervisión alcanzará igualmente las alianzas con universidades públicas, acuerdos interadministrativos y fideicomisos que gestionan dineros fiscales. En tales esquemas examinarán minuciosamente las comisiones, gastos, criterios de asignación y efectividad.
De la Espriella recalcó que erradicará la figura de “contratistas eternos” y desestimó prorrogar convenios argumentando simplemente que “siempre se ha hecho así”.
Adicionalmente, el Ejecutivo analizará el esquema de las dependencias gubernamentales para corregir la burocracia, choque de competencias, programas duplicados e instituciones con tareas idénticas.
“No necesitamos un Estado más grande, necesitamos un Estado que funcione mejor”, manifestó categóricamente el mandatario durante la jornada de trabajo desarrollada en la capital del Atlántico.
El plan definitivo proyecta identificar qué dependencias deben eliminarse o unificarse obligatoriamente. La meta busca aligerar trámites ciudadanos, estructurar ventanillas únicas de atención y recortar drásticamente los gastos operativos centrales.
¿Cómo funciona la contratación de trabajadores en Estado de Colombia?
La vinculación mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios en las entidades públicas colombianas exige el cumplimiento estricto de parámetros legales vigentes. Esta figura jurídica atiende exclusivamente necesidades temporales.
Las instituciones estatales deben acudir a este mecanismo cuando la planta de personal permanente resulta insuficiente para ejecutar labores altamente especializadas. La contratación exige una justificación técnica y presupuestal previa.
Un elemento determinante en esta modalidad contractual radica en la total autonomía técnica y administrativa del contratista. El vinculante no puede ejercer subordinación continuada ni imponer horarios rígidos de trabajo.
Si la entidad gubernamental exige el cumplimiento de jornadas fijas e imparte órdenes directas constantes, configura jurídicamente una relación laboral encubierta. Las leyes vigentes prohíben expresamente incurrir en dicha práctica.
Asimismo, la persona vinculada debe acreditar la idoneidad profesional y experiencia requerida para desarrollar las obligaciones pactadas. El contratista asume de forma independiente el pago periódico de su seguridad social.
Los pagos de salud, pensión y riesgos laborales deben calcularse sobre el cuarenta por ciento del valor mensual del contrato. La entidad exige verificar estos aportes antes de autorizar las desembolsos.
Los contratos de prestación de servicios carecen de prestaciones sociales tradicionales como prima de servicios, cesantías y vacaciones pagadas. La duración contractual debe coincidir estrictamente con el tiempo estipulado para la labor.
La normativa colombiana busca evitar la proliferación de contratistas informales en los ministerios y dependencias. Las autoridades promueven la formalización progresiva del empleo público mediante concursos de méritos transparentes.
El uso adecuado de esta modalidad optimiza los recursos públicos y garantiza una gestión transparente. La supervisión constante de las obligaciones previene irregularidades en el desarrollo de los proyectos estatales.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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