El trágico fallecimiento de la niña Valeria Afanador en Cajicá ha abierto un complejo panorama judicial que podría comprometer directamente a la rectora y al colegio donde estudiaba. El cuerpo de la menor, hallado en inmediaciones del río Frío, llevó a su familia a tomar acciones legales por tres vías, insistiendo en que la investigación no cese hasta que se determinen los responsables de lo ocurrido, como informó El Tiempo.
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De acuerdo con el periódico, el hallazgo del cadáver se dio después de que socorristas ya habían pasado por el mismo punto sin encontrarlo. El apoderado de la familia, Julián Quintana, ha expresado en el citado medio su preocupación por la presunta falta de control del colegio campestre Los Laureles el 12 de agosto, día de la desaparición de la menor.
La Fiscalía, por su parte, reportó que el deceso de la estudiante fue causado por un ahogamiento, detallando que “la niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago”, lo que descartó otras versiones que circularon tras el hecho, según el citado diario.
El abogado de la familia ha señalado que el primer paso en el proceso es una acción penal, en la que solicitarán a la Fiscalía que investigue a la rectora por la violación de su “posición de garante”, con el fin de que se le impute el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual, pues la institución habría “omitido deberes esenciales de cuidado y seguridad”.
Como segunda medida, se pedirá a las autoridades que cierren la institución educativa, dado que, a su juicio, incumplieron normas ambientales y de seguridad. La tercera vía es la civil, con la que se buscará interponer una demanda para que el colegio responda por los “daños y perjuicios ocasionados a la familia”, según el citado portal.
En la contraparte del proceso penal, la rectora Sonia Ochoa ha sido representada por el abogado Francisco Bernate. En una entrevista con dicho diario, el jurista manifestó que considera que no hay mérito alguno para tomar represalias contra su cliente, aunque ya se están preparando para cualquier medida legal que pueda presentarse. El abogado Bernate destacó la inocencia de su defendida y el hecho de que se están preparando para cualquier medida que llegue en su contra, de acuerdo con el impreso.
Expertos consultados han respaldado las acciones de la familia, afirmando que existen bases jurídicas para el proceso. El exmagistrado Aroldo Quiroz, de la Sala Civil de la Corte Suprema, indicó que la primera medida es de carácter penal y les cabe a los directivos del colegio, ejemplificando la situación con el caso del joven Sergio Urrego. Asimismo, resaltó que en lo civil podría derivarse una responsabilidad que “tiene que ver con los familiares de la menor, que pueden demandar al colegio por la omisión y el bajo cuidado que tuvieron”, lo cual conllevó al fallecimiento, de acuerdo con el rotativo.
En el área penal, la abogada Laura Kamila Toro explicó que la responsabilidad eventualmente podría recaer sobre la rectora y el representante legal de la institución. Según la abogada, la Fiscalía está investigando el caso como un homicidio, ya sea culposo o con dolo eventual, y es en este contexto en el que la familia de la víctima está buscando responsables. En materia de derecho civil, Giraldo Giraldo & Asociados, por medio de Juan Pablo Giraldo, manifestó que los colegios tienen una obligación de vigilancia a sus alumnos y que si hay un daño, “surge la responsabilidad de reparar el perjuicio”, según el informe periodístico.
Una de las polémicas que surgió alrededor del caso fue el debate sobre los cerramientos en el terreno del colegio luego de que se reportó la desaparición de la menor. Para los bomberos, estos se hicieron sin la autorización de los entes locales, mientras que el colegio ha sostenido que cuenta con toda la documentación al día.
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