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Un grupo de cerca de 20 inmigrantes latinoamericanos, entre ellos un colombiano, permanece varado en un hotel a pocos pasos del océano Atlántico en Monrovia, la capital de Liberia, tras ser deportados por el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Este vuelo que trasladó a los deportados a Liberia —un país de la costa occidental de África cercano a Sierra Leona y cuya capital rinde honor al presidente estadounidense James Monroe— despegó en agosto desde Luisiana.
En el último año, el gobierno de Donald Trump ha enviado 31 vuelos con deportados hacia 12 naciones africanas. Entre los afectados hay ciudadanos de Venezuela, Colombia, Honduras y Guatemala, quienes vivían y trabajaban en estados como Massachusetts, Texas y Luisiana antes de ser expulsados. CBS News obtuvo la lista con los nombres de todos los pasajeros de aquel vuelo de agosto y constató que la gran mayoría no tiene antecedentes penales, más allá de infracciones a las leyes de inmigración de Estados Unidos.
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Ninguno de los inmigrantes dio autorización a ICE para ser trasladado a Liberia. De hecho, uno de los colombianos deportados confesó: “Sinceramente nunca había oído hablar de Liberia”. Una situación similar vive Paola Ferreira Dos Santos, una joven brasileña de 21 años y la única mujer entre los deportados latinoamericanos del grupo. Sobre el momento de su arribo, relató: “Fui la primera en bajar del avión y me dijeron ‘Bienvenida a Liberia'”. Aunque anhela reencontrarse con su padre en Estados Unidos, sus abogados le han advertido que regresar es prácticamente imposible. Por su parte, el hondureño Elvis Rodríguez Ventura desea volver a Estados Unidos para reunirse con su esposa y sus cuatro hijos, dos de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Al describir su situación, expresó: “Estoy preocupado, me siento lejos al otro lado del mundo”. Ante este panorama, tanto él como el resto de sus compañeros manifestaron sentirse apátridas y “hombres sin país”.
El caso de Arín García Yépez: deportado con medida de protección activa
En el grupo también se encuentra el colombiano Arín García Yépez, quien vivía en Dallas, Texas, y trabajaba en construcción tras llevar 15 meses en Estados Unidos. García explicó que buscaba “el derecho de trabajar libremente, de poder comunicar con mi familia, poder estar, desarrollarme libremente en Estados Unidos”. A pesar de asegurar haber cumplido con todos los requerimientos legales y de no registrar antecedentes ni infracciones de tránsito, fue detenido. Además, contaba con una medida de protección aprobada por un juez de inmigración que suspendía su expulsión por existir riesgo de persecución o tortura en su país de origen. Pese a esta protección, el 20 de agosto fue subido a un avión en Luisiana sin previo aviso: “En ningún momento fui comunicado en ningún momento pues sabía ni ni siquiera para dónde venía”.
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Actualmente, los deportados permanecen en un hotel con la advertencia del gobierno local de no alejarse debido a riesgos de seguridad, siendo recomendable desplazarse únicamente acompañados por autoridades. Carecen de documentos para trabajar, ninguno planea quedarse en Liberia y enfrentan presiones para tomar decisiones que no son seguras. De igual forma, se encuentran imposibilitados de retornar a Estados Unidos o de volver a sus países de origen por temor y riesgos activos.
En medio de este limbo, Arín García hizo una petición a la administración Trump para “que respetara yo creo que el debido proceso respetar probablemente los derechos”. Sin embargo, a 7.600 kilómetros de distancia de Washington, su voz desde África se escucha demasiado débil.
¿Cómo será la regularización de migrantes en España?
El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua
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