El acuerdo petrolero anunciado por el gobierno de Donald Trump para Venezuela puso sobre la mesa una cifra difícil de ignorar: más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas y concesiones de explotación durante un siglo.
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La Casa Blanca presentó el pacto como una de las piezas centrales de su estrategia para recuperar la industria petrolera venezolana. Según el gobierno estadounidense, el acuerdo otorga a North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones de 100 años sobre 17 campos petroleros que concentran aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas.
Washington asegura que tendrá control mayoritario sobre esas reservas y derechos de gobernanza y participación económica en la nueva compañía petrolera privada. También sostiene que el proyecto podría movilizar hasta 100.000 millones de dólares en nuevas inversiones para infraestructura petrolera venezolana.
La Casa Blanca defiende el negocio como una herramienta para aumentar la producción venezolana, generar inversión y contribuir a la recuperación económica del país.
El anuncio también contempla que parte del petróleo producido sea procesado en refinerías estadounidenses y que Estados Unidos tenga derechos preferenciales para adquirirlo.
El tamaño del acuerdo es precisamente uno de los elementos que llamó la atención de Francisco Rodríguez, investigador sénior del Centro de Investigación Económica y Política, quien publicó en The New York Times la columna ‘Venezuela no ha sido salvada, ha sido vendida’.
¿Por qué en The New York Times cuestionan el acuerdo petrolero?
Rodríguez parte de una pregunta: ¿qué ocurrirá con la enorme riqueza petrolera venezolana si el proceso de recuperación queda concentrado en acuerdos entre el gobierno y grandes actores privados?
El columnista sostiene que el pacto se parece más a una privatización poco transparente de la riqueza petrolera venezolana que a una operación que garantice que los beneficios lleguen de manera amplia a la población.
Una de sus principales preocupaciones está precisamente en las condiciones del acuerdo. Rodríguez señala que las concesiones tendrían una duración de 100 años y que abarcarían campos que concentran aproximadamente una quinta parte de las reservas de petróleo venezolanas.
El gobierno de Trump, sin embargo, presenta una versión diferente.
La Casa Blanca afirma que el acuerdo está sometido a auditorías, controles financieros y mecanismos de gobernanza, y sostiene que los ingresos serán destinados a usos productivos para los venezolanos. También argumenta que los campos incluidos estaban previamente operados o controlados por empresas extranjeras y que la privatización permitiría aumentar la producción.
El contraste es importante: Washington considera que la inversión privada puede convertirse en una herramienta para reconstruir la economía venezolana; Rodríguez advierte que una transferencia poco transparente de activos puede terminar concentrando el poder económico.
El autor lleva su argumento más lejos en el periódico estadounidense y utiliza como referencia las privatizaciones hechas en Rusia durante la década de 1990.
Según su análisis, aquellas operaciones contribuyeron a la formación de una poderosa clase de oligarcas y terminaron afectando el desarrollo institucional del país. Rodríguez plantea que un proceso similar podría dificultar la construcción de instituciones democráticas en Venezuela.
Esa comparación corresponde a la interpretación del columnista y no significa que exista certeza de que Venezuela vaya a seguir el mismo camino.
¿Qué significa el acuerdo para el petróleo y para Venezuela?
El tamaño de las reservas involucradas permite entender por qué el pacto tiene una dimensión que va mucho más allá de una operación comercial.
Los 65.000 millones de barriles representan aproximadamente el 21,5 % de las reservas probadas de Venezuela, según el cálculo difundido por el Centro de Investigación Económica y Política a partir de las cifras de reservas venezolanas.
La administración Trump sostiene que la operación puede impulsar rápidamente la producción venezolana y aumentar el suministro de petróleo disponible para Estados Unidos.
Pero Rodríguez cuestiona que el acuerdo vaya a tener un efecto inmediato sobre el mercado mundial del petróleo. En su columna señala que recuperar de manera significativa la producción venezolana requerirá años y que el aumento previsto no necesariamente alcanzaría para modificar las tendencias de demanda mundial en el largo plazo.
El negocio también ha desatado preguntas sobre quién manejará finalmente esa riqueza y bajo qué controles.
Rodríguez menciona al empresario venezolano Alejandro Betancourt López como uno de los actores vinculados al nuevo esquema y cuestiona su trayectoria empresarial y la forma en que obtuvo contratos estatales en Venezuela.
Lo que sí está documentado es que el gobierno estadounidense considera el pacto una pieza fundamental de su estrategia para reconstruir la industria petrolera venezolana. La Casa Blanca lo ha presentado como un acuerdo que combina inversión privada, aumento de producción, suministro energético para Estados Unidos y una eventual transición política en Venezuela.
Rodríguez, en cambio, sostiene que una recuperación económica basada en una privatización que no tenga suficiente transparencia podría terminar debilitando, y no fortaleciendo, la construcción institucional venezolana.
Ahí está el verdadero debate que deja el acuerdo: cómo recuperar una de las mayores reservas petroleras del planeta sin que la riqueza quede concentrada en unos pocos actores y cómo garantizar que la inversión petrolera termine convirtiéndose en beneficios concretos para la población venezolana.
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