Un inesperado movimiento sacude el tablero de las alianzas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. El movimiento ‘Romper el sistema’, liderado por el excandidato Santiago Botero, abrió la puerta a un sorpresivo apoyo hacia el aspirante de izquierda Iván Cepeda. Sin embargo, este respaldo no será un cheque en blanco; el grupo político condicionó cualquier alianza a la aceptación estricta de tres exigencias programáticas enfocadas en cambiar las reglas de juego tradicionales del país.
Carlos Fernando Cuevas, quien fue la fórmula vicepresidencial de Botero y actúa como vocero principal del movimiento, fue el encargado de presentar el manifiesto que traza las líneas rojas para el acuerdo. Pese a que la opinión pública inicialmente encasillaba a Botero —conocido popularmente en redes sociales como ‘el candidato del balín’— en la derecha debido a su fuerte discurso de mano dura, el resultado de las urnas donde obtuvo el 0,87 % de los votos (ubicándose sexto entre once candidatos) lo llevó a buscar consensos basados en reformas profundas contra la delincuencia institucional.
La primera gran condición impuesta a Iván Cepeda se concentra en una política de “cero beneficios” para los delincuentes de cuello blanco que desvíen los dineros del Estado. Desde ‘Romper el sistema’ exigen que un eventual gobierno de Cepeda se comprometa a eliminar de forma definitiva la detención domiciliaria o casa por cárcel para los condenados por corrupción.
El documento plantea además la prohibición total de preacuerdos judiciales que reduzcan las penas en delitos de peculado, cohecho o contratación irregular, eliminando de paso cualquier régimen especial de reclusión para políticos. La propuesta de Cuevas busca aumentar con severidad las penas mínimas para los funcionarios públicos en ejercicio que sean hallados responsables de saquear el erario.
El segundo eje del manifiesto exige un vuelco total a la forma en que el Estado maneja el orden público. El movimiento advierte que cualquier proceso de diálogo con grupos armados ilegales debe estar estrictamente condicionado a una demostración previa de voluntad de paz mediante un cese real y verificable de hostilidades. Asimismo, exigen suspender los beneficios jurídicos a las organizaciones que incumplan lo pactado y mantener con firmeza las capacidades de la fuerza pública para proteger a la población civil.
Finalmente, la tercera condición apunta de frente al bolsillo de los ciudadanos más vulnerables y busca el fortalecimiento de la economía popular. La iniciativa le exige a Cepeda utilizar al Banco Agrario como un aliado directo de los pequeños y medianos empresarios. El objetivo es crear líneas de microcrédito masivas y de fácil acceso que simplifiquen los trámites estatales, ofreciendo una alternativa real de financiamiento que sepulte el peligroso negocio de los préstamos informales conocidos en las calles colombianas como el “gota a gota”.
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