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La Misión de Observación Electoral (MOE), a través de su directora Alejandra Barrios, entregó el primer balance sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales con corte a las 10 a.m.
El reporte consolida un total de 60 alertas sobre posibles irregularidades electorales provenientes de 26 municipios en 15 departamentos, el distrito de Bogotá, y reportes particulares emitidos desde Canadá, Malta y los Estados Unidos.
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Además, indicó que el inicio de las votaciones registró dos hechos aislados de alteración al orden público en zonas rurales del país que no afectaron el normal desarrollo de la jornada.
Por una parte, en el corregimiento de Filo Gringo, municipio de El Tarra, Norte de Santander, se presentaron enfrentamientos entre dos grupos armados ilegales. De otra parte, en la zona rural del municipio de El Paujil, Caquetá, se reportó la activación de un artefacto explosivo.
Ante estos escenarios, la organización formuló un llamado a la fuerza pública para reforzar las condiciones de seguridad en dichas áreas y blindar el proceso de escrutinio y traslado de material.
Fallas logísticas en puestos de votación y publicidad indebida en elecciones presidenciales, reporta la MOE
El mayor volumen de denuncias ciudadanas, equivalente al 40 % de los reportes recibidos en la plataforma virtual y la línea de WhatsApp, se asoció directamente con irregularidades logísticas.
El balance describe retrasos en la apertura de puestos, dificultades en el acceso a la plataforma de acreditación de testigos electorales y congestiones que generaron extensos tiempos de espera.
Estos problemas se concentraron principalmente en Bogotá, Acacías (Meta), Pasto (Nariño) y Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), sumado a limitaciones de capacidad instalada para los votantes en el exterior localizados en Canadá y Malta.
De otro lado, la MOE encontró que, a pesar de las prohibiciones legales vigentes, el 28 % de los reportes ciudadanos denunció la presencia de publicidad electoral activa tanto en las inmediaciones como al interior de los recintos de votación.
Las alertas ciudadanas documentaron el envío masivo de mensajes de texto con contenidos proselitistas mediante el uso indebido de datos personales de los ciudadanos, la utilización de distintivos de campañas por parte de actores en los puestos y propaganda en plataformas digitales.
Estas irregularidades se originaron principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín, Armenia, Sincelejo y Valledupar.
Finalmente, en su primer reporte, la misión también dijo que se ha presentado presunto incumplimiento de deberes por parte de los jurados de votación, resaltando el uso de dispositivos móviles en las mesas, las restricciones al ejercicio de los testigos electorales acreditados y diversas inconsistencias en el diligenciamiento de los documentos oficiales.
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