El ambiente político del país terminó de estallar a pocos días de las elecciones presidenciales de 2026. En una determinación que ya desató una monumental controversia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) expidió una drástica medida cautelar que prohíbe de forma inmediata y temporal la publicación, difusión y divulgación de encuestas electorales por parte de la firma brasileña Atlas Intel y de su principal difusor, la Revista Semana.
La resolución fue firmada por la magistrada Fabiola Márquez (quien llegó al tribunal electoral ternada por el Pacto Histórico), tras abrirle el tercer proceso formal de investigación preliminar a la encuestadora por presuntas irregularidades y omisiones técnicas en sus mediciones.
La investigación se originó por una denuncia interpuesta por el representante a la Cámara Alejandro Toro (Pacto Histórico), relacionada con la encuesta que publicó Semana el pasado 9 de abril, la cual ponía un panorama complejo para el petrismo.
Según el denunciante, Atlas Intel reportó un margen de error del ±2 % con un nivel de confianza del 95 %, pero su método de recolección de datos puramente digital (online) no corresponde a un diseño probabilístico estricto. Toro argumentó que este mecanismo genera una grave subrepresentación de los ciudadanos de zonas rurales y de ciertos grupos de edad que no tienen acceso a internet, alterando la validez de los resultados presentados al país.
La magistrada Márquez argumentó que la empresa brasileña incurrió en al menos seis omisiones recurrentes, por lo que defendió la urgencia de la medida:
“Los mecanismos ordinarios de corrección resultan insuficientes para evitar el daño continuado al proceso democrático o la transparencia de la información, siendo la suspensión el único mecanismo para conjurar el riesgo”, reza el documento.
La drástica decisión de la magistrada Márquez no cayó bien en todos los sectores del tribunal electoral y encendió un fuerte rifirrafe interno. Apenas el pasado viernes, el magistrado Álvaro Hernán Prada había abierto la segunda investigación contra Atlas Intel, pero se había negado rotundamente a aplicar una medida cautelar de este tipo.
Varios magistrados consideran que una medida de semejante magnitud —que restringe la libertad de información de un medio de comunicación y frena el libre mercado de una empresa— debió haber sido debatida y aprobada por la Sala Plena del CNE, y no dictaminada de manera unilateral por una sola togada, por lo que se avecina una batalla jurídica interna para intentar tumbar la prohibición.
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