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Continúa la polémica en torno a la empresa de ropa interior femenina Lili Pink, la cual fue allanada en los últimos días por parte de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de contrabando y lavado de activos. Lo último que se conoció frente a este caso fue que los directivos de la empresa, según la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ya sabían que iban a ser allanados y dejaron a sus empleados a su suerte.
(Vea también: Revelan cómo descubrieron presuntas irregularidades en Lili Pink; investigación lleva años)
Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE, manifestó que “desde la Sociedad de Activos Especiales estuvimos acompañando a la Fiscalía General de la Nación en la incautación de la sociedad Lili Pink y de las que esta depende. Nosotros vamos a solicitar el acompañamiento tanto de la Procuraduría como de la Contraloría para verificar en qué condiciones se encuentra esta sociedad”.
Agregó la funcionaria que “estuvimos reunidos con el Ministerio del Trabajo, ya que es una preocupación tanto de MinTrabajo como de esta sociedad, la suerte de las más de 2.000 empleadas con las que cuenta esta sociedad. Tenemos conocimiento que las directivas de la sociedad Lili Pink supieron de las diligencias que se iban a desarrollar por parte de la Fiscalía y de la Sociedad de Activos Especiales y dejaron abandonadas a su suerte a las empleadas que allí se encontraban”.
Las pruebas de la Fiscalía contra Lili Pink
Tras el allanamiento a las tiendas Lili Pink la Fiscalía, el ente investigador reveló cuáles son esas pruebas que tiene en contra de la empresa de ropa interior femenina. Según la entidad, Lili Pink estaría vinculada al lavado de más de 730.000 millones de pesos mediante importadores y empresas fachada que simulaban operaciones de comercio exterior. Tras el allanamiento, se ocuparon para extinción de dominio 405 locales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad.
La Fiscalía General de la Nación sostiene su investigación contra la empresa Lili Pink en un amplio conjunto de elementos materiales probatorios recolectados por la Delegada contra las Finanzas Criminales, sus direcciones especializadas y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Según el ente acusador, estas pruebas permitirían establecer la existencia de un conglomerado empresarial que habría operado bajo la fachada de una cadena de venta de ropa femenina para facilitar el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización habría diseñado un entramado empresarial conformado por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. Estas empresas, presuntamente creadas sin una actividad económica real, habrían sido utilizadas para introducir al país mercancías como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos. Posteriormente, estos bienes eran distribuidos en el mercado nacional, lo que les permitía aparentar legalidad y justificar grandes flujos de dinero, según el ente investigador.
Entre las pruebas documentadas se encuentran maniobras orientadas a evadir o disimular los controles aduaneros, fragmentar las transacciones para evitar alertas financieras, simular relaciones comerciales entre compañías vinculadas y dificultar la trazabilidad del dinero. Estas prácticas, según la investigación, habrían facilitado la incorporación de los recursos al sistema económico formal.
¿Cuánto dinero habría lavado Lili Pink?
La Fiscalía afirma haber evidenciado un presunto lavado de activos por un monto cercano a los 730.000 millones de pesos, así como un enriquecimiento ilícito superior a los 430.000 millones. A esto se suman aprehensiones y decomisos de mercancía realizados por la DIAN, avaluados en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando cuyo valor superaría los 75.000 millones.
Como respaldo adicional, un fiscal de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad. Asimismo, un juez de control de garantías de Bogotá autorizó órdenes de captura con fines de imputación y solicitud de medidas de aseguramiento, que actualmente se encuentran en proceso de materialización y judicialización.
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