Una investigación de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) puso al descubierto un complejo esquema que hoy salpica a la reconocida marca Lili Pink, en medio de un proceso judicial por presunto contrabando y fraude tributario.
(Vea también: ¿Quiénes son los dueños de Lili Pink, el negocio que la Fiscalía tiene en la mira?
Según un informe de El Colombiano, el caso se remonta a 2022, cuando un sistema interno de monitoreo conocido como “el ojo de la Dian” empezó a detectar irregularidades en el comportamiento de funcionarios y empresas del sector textil.
Este software encendió alertas por accesos inusuales a bases de datos y solicitudes atípicas de devoluciones de IVA, lo que marcó el inicio de la investigación sobre posibles movimientos irregulares.
Las anomalías detectadas llevaron a identificar un patrón repetido: varias empresas vinculadas aparecían registradas en una misma dirección en Barranquilla. En ese lugar se habrían creado más de 30 compañías con características similares, que funcionaban por periodos cortos, solicitaban devoluciones tributarias y luego desaparecían, lo que reforzó la hipótesis de una estructura empresarial ficticia.
De acuerdo con información revelada por la unidad investigativa de El Tiempo, la red empresarial detrás de la marca está relacionada con la sociedad Fast Moda S.A.S., que cuenta con activos cercanos a los 295.000 millones de pesos y cuyo accionista sería la compañía Bestsea Blue S.A, fundada en Panamá en 2020.
Por ahora, el proceso sigue en curso mientras las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas y en la identificación de responsabilidades, en uno de los casos más relevantes recientes en materia de corrupción institucional y economía ilegal en Colombia.
¿Qué pruebas habría en contra de Lili Pink?
Según informó Infobae, el esquema dentro de la famosa marca de ropa interior habría operado mediante el uso de facturas falsas para simular compras de insumos o servicios que nunca ocurrieron.
Con estos documentos, la empresa reportaba pagos de IVA inexistentes y luego solicitaba devoluciones al Estado, lo que permitía la salida de recursos públicos sin respaldo real, en un mecanismo de fraude tributario.
Además, esas mismas facturas habrían servido para dar apariencia legal a mercancía que ingresaba al país sin cumplir requisitos aduaneros y aparentemente sin pagar impuestos.
En ese sentido, de acuerdo con el rotativo, en 2024, la Dian incautó 19.703 bultos de textiles y productos misceláneos y polipropileno; sin embargo, la compañía interpuso una tutela, pero ese recurso fue negado.
Al registrarla como parte de operaciones formales, los productos de contrabando podían circular dentro del mercado sin levantar sospechas, lo que evidencia un esquema de contrabando textil articulado.
Uno de los elementos más delicados del caso es la posible participación de funcionarios públicos. Durante un allanamiento, las autoridades encontraron registros con anotaciones sobre pagos ilegales, lo que sugiere la existencia de sobornos para facilitar trámites dentro de la entidad y permitir el flujo de dinero en estas operaciones.
La investigación fue trasladada a la Fiscalía hace varios años, pero tomó mayor fuerza recientemente con operativos de extinción de dominio en cientos de establecimientos vinculados a la marca, lo que refleja la magnitud del caso y su impacto en el sector comercial.
Por ahora, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la identificación de responsabilidades, mientras el proceso sigue en curso y crece la preocupación por los empleados que laboraban en la compañía.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
