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Pese al proceso de extinción de dominio que avanza sobre la cadena de ropa interior femenina Lili Pink, sus tiendas seguirán operando con normalidad en el país mientras se resuelve la situación judicial.
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Así lo confirmó el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación, que precisó que “las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social”, lo que en la práctica significa que los puntos de venta seguirán abiertos bajo administración provisional del Estado.
En tanto, mientras se surte el trámite de extinción del derecho de dominio ante los jueces especializados.
La Fiscalía puso al descubierto un conglomerado empresarial que, con la fachada de una cadena de ropa femenina y accesorios, habría facilitado el ingreso de recursos ilícitos y mercancía de contrabando al país. La investigación da cuenta de importadoras y sociedades de papel… pic.twitter.com/PiCSXknooV
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 28, 2026
El proceso afecta además de otros activos como inmuebles, vehículos y una sociedad. Sin embargo, la medida no implica cierres.
Las diligencias se llevaron a cabo en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional, como parte de una investigación que se extendió por cerca de cinco años.
En total, la Fiscalía impuso medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, los cuales entrarán en etapa de administración estatal mientras avanza el proceso ante jueces de extinción de dominio.
De acuerdo con Christian Quiñónez, exsubdirector de Fiscalización de la Dian, el origen del caso comienza en una dicha solicitud de devolución del IVA. “El punto en el que Lili Pink empieza este proceso es porque Lili Pink pide devolución del IVA, seguramente sin ese trámite hubiese pasado desapercibido”, mencionó, en entrevista con Caracol Radio.
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El exsubdirector de Fiscalización de la Dian señaló que una de las modalidades detectadas sería el contrabando técnico, el cual consiste en reetiquetar productos importados con el fin hacerlos pasar como nacionales.
Además, durante la investigación encontraron una libreta con nombres de funcionarios de la Dian, lo cual llevaría a que se realizaran procedimientos que permitieron identificar posibles vínculos con las operaciones investigadas.
Otro aspecto que resaltó Quiñónez fue que durante las visitas de control se habrían presentado dificultades ya que por medio de ciertas filtraciones se le alertaba a la empresa sobre las inspecciones, además que algunos funcionarios de la Dian habían recibido amenazas por las investigaciones.
“Las visitas fueron complejas porque alertaban a la empresa y los advertían de las visitas”, puntualizó Quiñónez.
El caso está relacionado con una presunta red empresarial que habría utilizado la estructura de la marca para facilitar el ingreso de mercancía al país y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.
Según el ente acusador, el esquema habría estado conformado por importadoras, comercializadoras y empresas de papel que simulaban operaciones de comercio exterior, fragmentaban transacciones y dificultaban la trazabilidad del dinero.
Las cifras del caso son de alto impacto: se investiga un posible lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, un enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos y un contrabando que superaría los 75.000 millones de pesos. A esto se suman decomisos de mercancía por más de 54.000 millones de pesos.
La dimensión del caso también pone el foco sobre una de las marcas más reconocidas del comercio minorista en Colombia. Lili Pink fue fundada hace cerca de 20 años por los hermanos David y Max Abadi, hijos del empresario textil Hyman Abadi, figura destacada del sector en el país.
En menos de dos décadas, la marca logró posicionarse como la principal cadena de ropa interior femenina en Colombia, liderando el segmento de ventas al detal e incluso superando a competidores históricos como Leonisa.
Hacia 2015, la compañía fue adquirida por el holding panameño Lili Brands, que pasó a ser su principal accionista.
En el país, la operación y el modelo de franquicias están a cargo de Fast Moda S.A.S., empresa responsable de la expansión y funcionamiento de la marca.
A corte de 2024, Fast Moda S.A.S. reportaba un patrimonio de $ 31.867 millones y unos ingresos anuales de $ 514.881 millones, con un nivel de endeudamiento de 89,6 %.
Además de su peso en el comercio, la marca también tiene un impacto relevante en el empleo. Se estima que la operación en Colombia genera más de 2.300 puestos de trabajo en áreas como ventas, logística, administración y diseño.
Por ahora, el proceso judicial continúa y las órdenes de captura contra directivos están en fase de materialización. Sin embargo, el mensaje de las autoridades es que la operación comercial no se detendrá.
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