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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Jul 18, 2026 - 11:35 am

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha vuelto a poner sobre la mesa un tema que toca el bolsillo de millones de colombianos: el impuesto predial. A través de sus redes sociales, el líder del Centro Democrático anunció la radicación de un ambicioso proyecto de ley que busca “frenar el abuso” y establecer reglas claras frente a los avalúos catastrales, que en los últimos años han disparado los costos de propiedad para miles de ciudadanos.

La propuesta central es contundente: impedir que el avalúo catastral de cualquier inmueble supere el 50 por ciento de su valor comercial. Pero el proyecto va más allá de un límite porcentual. La iniciativa incluye un componente retroactivo que ha despertado gran interés: en caso de ser aprobada, el documento plantea que las actualizaciones catastrales vigentes deberán ser revisadas y ajustadas en un plazo máximo de dos meses. Esto obligaría a que los impuestos liquidados para la vigencia 2026 sean recalculados bajo las nuevas normas. ¿Qué pasará si usted ya pagó? El proyecto contempla que, si el ciudadano canceló un monto superior al ajustado, la diferencia no se devolverá en efectivo, pero sí se reconocerá como un saldo a favor para futuras obligaciones tributarias.

El proyecto también busca proteger a los propietarios de los saltos bruscos en la factura anual. La fórmula propuesta es clara:

  • Predios con actualización reciente (últimos 12 meses): El incremento del tributo no podrá superar el 15 por ciento respecto al año anterior.
  • Predios con actualización más antigua: El aumento máximo estará atado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Estos mismos límites se aplicarían a la sobretasa ambiental, evitando que el alivio se vea opacado por otros cobros anexos al impuesto base. Además, el proyecto otorga herramientas clave a los municipios: los alcaldes podrían establecer una tarifa de “cero por mil” para Viviendas de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP), una medida pensada para reactivar la construcción y aliviar el déficit habitacional.

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Finalmente, el sector rural recibe un tratamiento especial. Uribe insiste en que los avalúos deben considerar la “productividad real” del campo para no asfixiar a los campesinos con cobros que no corresponden a la rentabilidad de sus actividades. Con esta iniciativa, el Centro Democrático inicia una batalla legislativa que promete generar un fuerte debate en el Congreso, donde la defensa de los propietarios frente al fisco será el argumento principal para buscar una pronta aprobación.

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