Una fuerte tormenta corporativa se desató este miércoles 25 de marzo en la Electrificadora del Meta (Emsa). Los accionistas minoritarios, liderados por el Grupo Energía Bogotá (GEB) y la Gobernación del Meta, denunciaron públicamente que el Gobierno Nacional pretende imponer una reforma estatutaria que, según ellos, compromete la transparencia y el rigor técnico de la compañía.
El Ministerio de Hacienda, que ostenta el 55,67 % de las acciones, presentó una propuesta de cambios estructurales que se discute hoy en la Asamblea General. Al tener la mayoría absoluta, el Gobierno tiene la facultad de aprobar estas modificaciones sin necesidad del voto de sus socios, lo que ha generado una alerta máxima por la posible eliminación de los contrapesos institucionales.
La reforma planteada introduce cambios que los críticos califican como un “retroceso”.
Entre los puntos más polémicos se encuentran:
- Adiós a los ‘Head Hunters’: Se eliminaría el proceso de selección del Gerente General a través de firmas especializadas, dejando la designación directamente en manos de la mayoría accionaria.
- Cambios en la Junta: se propone eliminar el mecanismo de selección para miembros independientes y ajustar los criterios de idoneidad, incluyendo excepciones para representantes territoriales.
- Nuevos actores: la inclusión de representantes de trabajadores con voz y voto en la junta, lo que para algunos accionistas genera potenciales conflictos de interés en decisiones financieras y laborales.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, aseguró que defenderá los intereses de la comunidad y no permitirá que se debiliten los principios que han garantizado la estabilidad de la empresa. “No vamos a permitir que se pierda el rigor técnico que genera confianza”, recalcó la mandataria.
Por su parte, el GEB elevó una solicitud formal a la Procuraduría General de la Nación para que realice una vigilancia preventiva sobre esta asamblea. La preocupación central radica en que la concentración de poder en el accionista mayoritario elimine los procesos basados en el mérito y abra la puerta a una posible politización de la gestión operativa y financiera de la electrificadora.
De aprobarse, los denunciantes advierten que el impacto no solo será administrativo, sino que podría afectar la eficiencia en la prestación del servicio de energía para miles de usuarios en los Llanos Orientales, al debilitar los controles que han evitado riesgos de corrupción en los últimos años.
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