Escrito por:  Redacción Economía
May 28, 2025 - 9:27 am

A partir de junio de 2026, el Día de la Familia dejará de ser obligatorio en Colombia debido a la implementación total de la Ley 2101 de 2021, que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 42 horas.

Este día, establecido por la Ley 1857 de 2017, permitía a los trabajadores disfrutar de dos jornadas anuales dedicadas al esparcimiento familiar sin afectar su salario.

(Vea también“No celebro”: Benedetti, sobre aprobación de reforma laboral; Gobierno insiste en consulta).

Sin embargo, la nueva legislación establece que, al cumplirse la reducción horaria el 16 de julio de 2026, los empleadores quedarán exonerados de otorgar estos días, al considerar que los trabajadores ya contarán con más tiempo libre.

Durante 2025, los dos días del Día de la Familia seguirán vigentes, y su cumplimiento es obligatorio. Las empresas deben ofrecerlos entre los periodos de enero a junio y de julio a diciembre, sin posibilidad de acumulación.

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Si no se cumplen estas disposiciones, los trabajadores pueden presentar quejas ante el Ministerio del Trabajo.

Aunque algunas empresas que ya han reducido su jornada a 42 horas no están obligadas a otorgar estos días desde ahora, el beneficio desaparecerá de forma general a partir de mediados de 2026, con el objetivo de compensar el nuevo tiempo libre semanal.

Qué dice reforma laboral de 2025 en Colombia

La reforma laboral propuesta en Colombia para 2025 busca transformar de manera significativa las condiciones de trabajo, priorizando la protección de los derechos de los trabajadores, la formalización del empleo y la equidad en las relaciones laborales. Esta reforma fue impulsada por el gobierno con el objetivo de modernizar la legislación laboral vigente, adaptándola a las dinámicas actuales del mercado laboral, y reducir la precarización del trabajo. Uno de los principales pilares de la reforma es el fortalecimiento de los contratos laborales formales, limitando el uso excesivo de figuras como los contratos por prestación de servicios o los contratos temporales que, en muchos casos, encubren relaciones laborales permanentes. La propuesta establece que todas las relaciones laborales que cumplan con las características de subordinación y permanencia deberán formalizarse mediante contratos laborales con todas las garantías sociales y de seguridad, promoviendo así la estabilidad laboral.

Otra medida importante es la regulación del trabajo en plataformas digitales. La reforma busca que los trabajadores vinculados a aplicaciones de transporte, domicilios y otros servicios digitales cuenten con derechos laborales básicos como la afiliación a seguridad social, jornadas laborales definidas, y remuneración justa. Para ello, se crearían categorías específicas que reconozcan las particularidades de este tipo de empleo, sin que ello implique desprotección legal. Además, la reforma pretende reforzar los derechos colectivos, facilitando la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, elementos que actualmente enfrentan barreras legales o prácticas. También se propone una reestructuración del sistema de inspección laboral, con más inspectores y mayor capacidad sancionatoria para combatir el incumplimiento de las normas por parte de los empleadores.

En cuanto a las jornadas laborales, la reforma busca una mayor protección de los horarios nocturnos, estableciendo que el trabajo nocturno comience a las 6:00 p.m. (en lugar de las 9:00 p.m.), lo que implicaría un mayor pago por esas horas. Además, se refuerza el respeto al derecho al descanso, incluyendo medidas para evitar la desconexión laboral, especialmente en los casos de teletrabajo. También se proponen cambios en el cálculo de las indemnizaciones por despido injustificado, incrementando los montos que debe pagar el empleador, con el fin de desincentivar despidos sin causa justificada.

En general, esta reforma busca garantizar condiciones laborales más justas y dignas, equilibrando la relación entre empleadores y trabajadores, aunque también ha generado preocupaciones en el sector empresarial por posibles aumentos en los costos laborales y rigidez en la contratación.

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