El aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno para 2026, junto con los cambios introducidos por la reforma laboral, tendrá un impacto profundo en el precio de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia. Las cifras ya están sobre la mesa y muestran un incremento contundente: un puesto de vigilancia 24 horas, operado con tres turnos, pasará de costar 14’900.000 pesos mensuales a cerca de 19’600.000 pesos en julio de 2026. Es decir, un aumento cercano a 4’700.000 pesos al mes, más del 30 % en poco más de un año.
Los aumentos se van a dar de la siguiente manera:
- Diciembre de 2025: antes de los últimos ajustes, un puesto de vigilancia 24/7 (tres turnos) tenía un costo mensual de 14’900.000 pesos.
- 25 de diciembre de 2025: tras ajustes previos en recargos y cambios en la jornada laboral, el valor subió a 15’300.000 pesos.
- 1 de enero de 2026: con la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo —que elevó el ingreso mensual a 2’000.000 de pesos, incluyendo auxilio de transporte—, el costo del puesto se dispara a 18’800.000 pesos, teniendo en cuenta las prestaciones sociales de las que son muy merecedores los vigilantes.
- Julio de 2026 (dominicales y festivos al 100 %): con el pago completo de dominicales y festivos, el costo mensual aumenta a 18’900.000 pesos.
- Julio de 2026 (jornada semanal de 42 horas): con la reducción de la jornada laboral, el costo final del puesto de vigilancia 24/7 llega a 19’600.000 pesos mensuales.
¿Por qué sube tanto el costo de la vigilancia?
La principal razón es que la vigilancia privada es uno de los sectores más intensivos en mano de obra del país. Entre el 40 % y el 55 % de sus costos corresponden a salarios y aportes sociales directamente indexados al salario mínimo. Cada punto porcentual de aumento no solo eleva el sueldo base del vigilante, sino también las prestaciones sociales, recargos nocturnos, horas extras, dominicales, festivos y aportes a seguridad social.
A esto se suma que la reforma laboral introdujo cambios que encarecen significativamente el servicio. Las horas extras ahora se pagan desde las 7:00 de la noche, los recargos nocturnos son más amplios y los dominicales y festivos llegarán al 100 % a mediados de 2026. Además, la reducción de la jornada semanal obliga a las empresas a reorganizar turnos o contratar más personal para cubrir las mismas horas de servicio, lo que incrementa aún más los costos.
“En un sector intensivo en mano de obra, esta decisión impacta de forma inmediata la sostenibilidad del empleo formal y la capacidad de garantizar la seguridad de hogares, comercios e infraestructura crítica”, señaló Raquel Garavito Chapaval, presidenta ejecutiva de FedeSeguridad,.
Tarifas reguladas y poco margen de maniobra
El golpe es aún mayor porque la vigilancia privada opera con tarifas reguladas. A diferencia de otros sectores, las empresas no pueden trasladar libremente todos los incrementos a sus clientes. “El sector tiene tarifa regulada y, sencillamente, los números ya no dan”, ha insistido Garavito. Esto pone en aprietos a un sector que agrupa a más de 1.500 empresas, genera cerca de 387.000 empleos formales y representa alrededor de 2,5 puntos del PIB.
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El riesgo, según el gremio, es doble. Por un lado, hogares, conjuntos residenciales, comercios e industrias podrían reducir la cobertura del servicio, renegociar contratos o prescindir de vigilancia permanente. Por otro, podría acelerarse la migración hacia esquemas informales o soluciones tecnológicas que reemplacen al vigilante tradicional.
Qué cambios están haciendo en edificios y conjuntos residenciales por seguridad
De hecho, esta transición ya comenzó. Conjuntos residenciales y empresas están explorando alternativas como conserjes virtuales, cámaras inteligentes, control de accesos automatizado y monitoreo remoto. Empresas del sector tecnológico aseguran que cientos de edificios, especialmente en estratos altos, ya migraron a esquemas de vigilancia inteligente para contener costos.
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Desde FedeSeguridad advierten que esta tendencia, aunque comprensible desde el punto de vista económico, puede tener efectos indeseados: menos empleo formal, mayor informalidad y riesgos en seguridad, al desaparecer los filtros de antecedentes, la capacitación y el control de armas que exigen las empresas legalmente constituidas.
En conclusión, el aumento del salario mínimo y la reforma laboral no solo encarecerán el costo de la vigilancia privada, sino que obligarán a replantear el modelo mismo del servicio. El desafío para 2026 será encontrar un equilibrio entre la protección del ingreso de los trabajadores y la sostenibilidad de un sector esencial para la seguridad y la convivencia en el país.
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